Las cámaras de seguridad, que controla el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM 911), fueron vitales para la detección de casos de trabajo infantil en el Gran San Juan, según confirmó el subsecretario de Trabajo de la provincia, Roberto Correa Esbry.
Las cámaras de CISEM fueron claves para combatir el trabajo infantil en San Juan
“La estrategia de control la estamos trabajando muy bien con personal del CISEM que a través del sistema de cámaras de monitoreo detectan casos. Hemos capacitado al personal para que cumplan esa tarea y puedan dar aviso de niños vendiendo estampitas o mendigando, porque eso es trabajo infantil y lo tenemos que combatir entre todos”, señaló el funcionario.
También se capacitó a los monitores urbanos de la Capital sobre trabajo infantil y cómo visualizar los casos.
Pero la tarea no termina en la detección de casos, sino que más bien empieza ahí. En esto trabaja la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), formada por varias áreas del Estado como el Ministerio de Desarrollo Humano, Dirección de Niñez, las áreas específicas de cada municipio, la Policía de la Provincia y la misma subsecretaría de Trabajo.
Cuando un caso es captado a través de las cámaras de seguridad, se dispara un dispositivo donde todos los organismos que forman parte de COPRETI tienen una intervención determinada para abordar y solucionar el problema.
“Las cámaras han detectado las estrategias de supervivencia de los chicos pidiendo en la calle o vendiendo estampitas y ahí se dispara el dispositivo. Puede actuar un monitor urbano, un oficial de policía o los dispositivos de niñez de cada municipio, después Desarrollo Humano hace el abordaje de la familia en el hogar del niño. El abordaje puede llegar, en algunos casos, hasta la búsqueda de trabajo a los padres de esa familia, pero también se controla si el niño está en el sistema escolar y si su salud es buena”, aseguró Correa Esbry.
Respecto a la sanción que cabe a los padres que mandan a un niño a trabajar a la calle existe todo un debate. “Ese padre podría estar faltando al código de faltas, sobre todo cuando son ventas ambulantes, pero yo soy de la idea que no hay que criminalizar esos casos. No coincido con la idea de sancionarlos, creo hay que darle abordaje a la familia. En cambio, el empleador que toma un niño para un trabajo tiene una pena de prisión de uno a cuatro años, porque es un delito y merece ser castigado severamente. Además tiene multas administrativas severas porque los menores de 16 años no pueden trabajar en relación de dependencia en ninguna empresa, eso es delito”, destacó.
En San Juan, todos los casos detectados de niños trabajando en la calle son de familias muy necesitadas, y es la estrategia de supervivencia de gente vulnerable en su situación social, a las que desde el gobierno se les busca dar solución.
En este sentido, Correa Esbry dijo que la colectividad gitana es muy propensa al sistema de mendicidad con bebés y también están trabajando en eso.
La buena noticia de cierre de 2018 es que no han registrado trabajo infantil en el sector agrario, justamente cuando comienzan las cosechas.