Revés judicial de la Corte Suprema a cortistas locales por un caso de abuso

Según fuentes judiciales, la decisión de la Corte Suprema está firmada por Carlos Fayt, Elena Nolasco y Ricardo Lorenzetti, y se plasmó en no más de cuatro líneas, en las cuales dijeron que "adhiere” a los fundamentos que había tenido el ministerio público y resolvió que "a la brevedad” la Corte de Justicia de San Juan resuelva el caso.

El 2 de diciembre último, Eduardo Casal, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, había sostenido que "la decisión adoptada por el tribunal declinante (la Corte de San Juan) fue inoportuna e importó una clara vulneración a la estabilidad de los actos procesales ya cumplidos, con el consiguiente desmedro, por un lado, de las garantías del debido proceso y la defensa del imputado. Y por el otro a la protección de la integridad e interés de los menores, los que podrían hallarse seriamente comprometidos ante la posibilidad de procesos judiciales simultáneos o sucesivos”.

 

La máxima autoridad judicial del país debió intervenir por el conflicto que se generó entre San Juan y San Luis. Aquí los cortistas decían que, por el principio de territorialidad, era San Luis quien debía intervenir en el caso Brizuela; y en la provincia vecina decían que el electricista había estado bien investigado y condenado en San Juan.

Las diferencias se basó en un punto crucial: dónde se cometieron los presuntos delitos de abusos sexuales.

Para la Corte local, se cometieron en San Luis y por eso debían investigarse allí. Para los jueces puntanos, como para cuatro jueces y dos fiscales locales, debía investigarse y juzgarse en San Juan porque entendía que se debía priorizar a las menores, y el peligro que corrían, por sobre el lugar en el que se hubieran originado los supuestos hechos.

Brizuela había sido denunciado por su ex pareja por el abuso sexual de sus dos hijas. Se supone que algunos de esos abusos fueron en San Luis y luego las menores se vinieron con su madre a San Juan.

El electricista fue procesado por la entonces jueza María Ines Rosellot, con el requerimiento del fiscal Daniel Guillén. El caso llegó a juicio y el 5 de abril de 2013 fue condenado a 16 años de prisión por el tribunal de la Sala II, integrado por Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y José A. Vega, donde la fiscal de cámara Alicia Esquivel también sostuvo la acusación.

Todos ellos entendieron que Brizuela debía ser juzgado en San Juan por el interés superior del niño.

 

Esa condena fue apelada por la defensora oficial Mónica Sefair mediante un recurso de casación ante la Corte de Justicia. Y allí fue cuando la Sala II de la Corte de Justicia, integrada por Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Eduardo Balaguer, dijo que se había vulnerado el principio de territorialidad.

Y el 11 de septiembre de 2013 decidió anular todo lo actuado, desde la indagatoria en adelante; liberar a Brizuela y sancionar disciplinariamente a los cuatro jueces y a los dos fiscales que habían intervenido en la detención, el juzgamiento y la condena del electricista.

Además, la Corte local decidió enviar la denuncia original hecha por la madre de las niñas a la justicia de San Luis, para que dijera si había o no delito por parte de Brizuela en contra de sus dos hijas.

En ese momento se generó el conflicto de competencia que ahora dirimió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se supone que ahora la Corte de Justicia de San Juan debería resolver sobre la cuestión de fondo, si Brizuela estuvo o no bien condenado, pero el revés de la Corte Suprema generó varios interrogantes.