Más denuncias por el escándalo: Ahora, el turno de Moya

De la Cámara Civil que confirmó parte de los fallos sospechosos en el escándalo de las expropiaciones, ya no queda ninguno. Pero al menos quien sostenía la voz cantante saltará a la justicia en la semana entrante, cuando la querella presente en su contra una denuncia penal para sumarlo a la megacausa que lleva adelante la jueza María Inés Rosselot, bajo la sospecha de haber integrado la asociación ilícita investigada.
Será una ampliación de denuncia que la querella está terminando para ser presentada sobre los últimos días de la semana sobre quien había sido salpicado por el escándalo en varios episodios y que ahora podría quedar pegado en la investigación, si el fiscal que reciba la documentación decide que es pertinente sumar a Moisés Moya formalmente a este escándalo.
Moisés Moya apareció fugazmente en varios pasajes de esta historia. Primero, fue señalado por no haberse inhibido en un expediente de esa megacausa teniendo en cuenta su estrecha relación con el abogado que llevaba adelante los trámites, el detenido Santiago Graffigna. A Moya lo relacionaron con Graffigna porque éste abogado cedió honorarios a favor del hijo de Moya –Pablo- en dos expedientes expropiatorios de Cuesta del Viento. Incluso, llegaron a compartir estudio y mantenían en ese momento una fuerte relación de amistad.
Pese a ello, Moya no se apartó cuando le tocó fallar en los juicios que llevaba adelante Graffigna, e incluso en uno de ellos –Ruiz Guillermo- confirmó el pago de un interés como consecuencia de la devaluación que terminó levantando los precios de una manera sideral.
Pero la relación de Moya con las causas del escándalo viene desde hace mucho tiempo atrás. Es que Moisés Moya reportaba como jefe del área Expropiaciones de la Fiscalía de Estado cuando comenzaron los movimientos en el dique Cuesta del Viento. Allí tomó contacto con los casos que le llegaban de Recursos Energéticos, donde estaba Norberto Baistrocchi, el fallecido abogado que luego pasó a la Fiscalía y a defender los intereses de la provincia en esos mismos juicios y luego terminó siendo señalado, al punto que la megacausa se inició luego de un sumario y la desafectación de Baistrocchi de la Fiscalía.
De allí, Moya pasó a ser camarista civil y a entender en todas las apelaciones de los polémicos fallos en primera instancia que les daban millones de pesos a los denunciantes. Varios de ellos, como la veredita de Ruiz Guillermo y el escándalo del Canal Benavídez, emitidos por el juez Carlos Macchi, quien ahora está siendo sometido a juicio político. Y pese a que el nuevo fiscal de Estado Guillermo De Sanctis sostuvo que Graffigna creció “al amparo” de Moya.
Hasta que en medio del revuelo por la investigación, Moya presentó la renuncia y la mayoría legislativa le aceptó la dimisión. Parecía entonces que quedaría desvinculado de la investigación, pero ahora con la presentación de la denuncia penal en su contra el ex camarista volverá a quedar involucrado. Y si el fiscal que recibirá la denuncia decide avanzar, podrá ser sumado como sospechoso en la investigación.
Si eso ocurre, sería un nuevo problema para el propio Macchi, quien ha establecido una de las líneas de su defensa en el hecho de que sus fallos fueron revisados por la sala III de la Cámara Civil, que integraba Moya.
Pero hubo otro episodio que decidió la presentación de la denuncia penal. Es el expediente rotulado como Herrería, que es una vereda expropiada y aparentemente impaga hace muchos años y con un reclamo también planteado por Santiago Graffigna. Esa causa Herrería no integra la megacausa, pero agrega un detalle importante: la sala III de la Cámara Civil integrada por Moya no hizo lugar al pago de muros y rechazó la readecuación millonaria que había planteado el abogado.
El dato es importante porque en un caso muy parecido, el de Ruiz Guillermo –otra veredita por la que se pagaron $20 millones-, la misma sala de la Cámara Civil aceptó el pago de muros y veredas, además de la readecuación solicitada por Graffigna a causa de la devaluación. Incluso, a este último ítem lo mejoró.
Eso fue entendido por fuentes de la querella como un contundente cambio de criterio entre un fallo y el otro de los mismos jueces y por causas muy similares entre sí. Con un condimento adicional, que fue el sentido del timming: mientras las concesiones de la sala III en Ruiz Guillermo fueron cuando no había ni indicios de una investigación penal, el fallo en Herrería fue posterior a la presentación de la megacasusa en octubre del 2010.
Además de esas razones, la denuncia también contempla un hecho curioso que se habría producido en el fallo del Canal Benavídez, cuando la sala III votó en el momento que una integrante que había planteado un incidente salió de viaje. En la querella consideran que esas son irregularidades y que corresponde una denuncia penal, que será presentada esta semana y podrá sumar a Moya a la lista de jueces señalados como Carlos Macchi y Marún de Sobelvio.