Coimas en el IPV: Suspendieron a dos empleados

Finalizada la auditoría interna en el Instituto Provincial de la Vivienda, por el presunto cobro de coima para adulterar el sistema informático y borrar deudas acumuladas, dos empleados fueron suspendidos: el presunto autor material de la maniobra y la titular del nombre de usuario y contraseña que se utilizó para falsear la base de datos.
Así lo confirmó a Tiempo de San Juan una fuente calificada del Ministerio de Infraestructura. La suspensión ocurrió alrededor de 15 días atrás y, hasta ahora, fue la única medida adoptada. La auditoría aconsejó además la denuncia penal por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, para que intervenga la Justicia Penal, independientemente del sumario administrativo interno.
Según la fuente, el informe final fue puesto en manos del ministro José Strada y del interventor del IPV, Martín Juncosa. Los dos empleados suspendidos fueron Arturo Vásquez y Silvia Carbajal.
El primero estuvo señalado desde el 30 de noviembre del año pasado. Ese día el secretario de Obras Públicas, Vicente Marrelli, firmó un acta con la denuncia presentada por una adjudicataria del Barrio Costanera, en Chimbas. Según esa declaración, Vásquez le había pedido 1.500 pesos en efectivo, a pagar en mano, para  borrar del sistema informático del IPV una deuda real de 4.060,30 pesos.
Esta denuncia dio origen a la investigación. El 10 de diciembre el ministro de Infraestructura dio la orden a través de la Resolución 871. La auditoría “jurídico-contable” quedó en manos del Jefe de Asesores Letrados de la cartera, Ricardo Daniel Romero, para que actuara “con amplias facultades”.
Una consultora mendocina, encargada de auditar el Ministerio de Hacienda y Finanzas, quedó a cargo de la investigación del sistema informático presuntamente vulnerado. Para ello cruzó los datos del IPV, el Banco San Juan y la Dirección de Informática. Revisaron hacia atrás y encontraron las inconsistencias denunciadas.
Pero sería más grave aún, porque una de las conclusiones de la auditoría fue la recomendación de migrar todo el sistema a uno nuevo, entendiendo que el actual es fácil de adulterar. Esto pone en tela de juicio los números totales del IPV, en especial el porcentaje real de recupero de las cuotas. Las sospechas apuntan a que aquel episodio de los 1.500 pesos fue apenas una muestra de una red más amplia, aún no descifrada con precisión.
El contenido fino de la auditoría aún no fue exhibido públicamente y la información aquí volcada fue revelada verbalmente y con reserva de fuente.
En paralelo a la auditoría técnica-informática, avanzó el sumario administrativo, que quedó a cargo de otros dos asesores letrados de Infraestructura: Peñafort y Pintor. Ellos investigaron las responsabilidades internas del personal que tuvo vinculación con esta irregular cadena de cobros.
Hasta tanto el episodio quedara esclarecido, Vásquez había sido reubicado en otra dependencia del ministerio. Luego llegó su suspensión.
También llegó la suspensión para una nueva protagonista de esta historia, cuya identidad hasta ahora no había trascendido: Silvia Carbajal. Su nombre de usuario –o ID, en la jerga informática- y su contraseña fueron empleados para practicar las adulteraciones en el sistema. Por esa razón quedó seriamente complicada, según la fuente. Será tarea suya demostrar que alguien le birló esos datos personalísimos para violar la base de datos, sin que ella lo supiera ni fuera cómplice.

La metodología

El IPV recibe fondos nacionales para la construcción de viviendas, pero además funciona gracias a un sistema solidario, por el cual el pago de las cuotas contribuye a solventar nuevas obras. En cada entrega de barrios el mensaje oficial se repite: que los adjudicatarios cumplan con las mensualidades para que no se corte la cadena de ladrillos.
En abril de 2012, Juncosa afirmó con orgullo que el IPV tenía un porcentaje de recupero de cuotas del 83%. Sin embargo, la fragilidad del sistema informático permite dudar acerca de cuánto dinero efectivamente ingresó y cuanto simplemente fue un dibujo.
Según la denuncia del 30 de noviembre de 2012, Vásquez le ofreció a la adjudicataria del Barrio Costa Canal que le pagara 1.500 pesos y con eso podía “cancelar” una deuda de 4.060,30. Así habría ocurrido. En el sistema apareció luego esa cuenta como si cada cuota se hubiera saldado en cada vencimiento. Es decir, se podía cambiar el registro hacia atrás. Y la única manera de notarlo era cruzando la información con las planillas de la Dirección de Informática (ex Centro de Cómputos) y del Banco San Juan (es el ente recaudador del IPV).
Hasta que se conozca la auditoría técnica en detalle, quedará flotando la pregunta: ¿Cuánto dinero se hizo figurar como ingresado al sistema, pero en realidad fue a parar a otro lado? ¿Cuánto fue el desvío, entendiendo que quien podía quedarse con 1.500 pesos, también tenía la posibilidad de aspirar sumas más importantes? Y una pregunta más, para finalizar, apunta hacia la red de complicidades: ¿Está agotada la cadena de sospechas con los dos agentes señalados hasta ahora.

La denuncia
El caso de las presuntas coimas en el IPV fue publicado por Tiempo de San Juan en su edición del sábado 22 de diciembre de 2012. Entonces se difundió la denuncia de la señora Silvia Nelly Arce de Castillo, acompañada por Eloy Camus, empleado de planta permanente de la repartición, ante el secretario de Servicios Públicos, Vicente Marrelli.

El hecho
Marrelli firmó el acta de la denuncia. Según ese texto, el empleado del IPV Arturo Vásquez le había pedido 1.500 pesos a la adjudicataria para saldar la deuda acumulada por su vivienda (Casa 26, Manzana T, del Barrio Costanera Sector III y IV), que por todo concepto (capital e intereses) arrojaba un monto de 4.060,30 pesos. La mujer debía entregarle en mano el dinero.

La coima
Según consta en el acta de la denuncia, Arce, Camus y Marrelli, acordaron llevar adelante el pago pedido por Vásquez, dejando en claro que la mujer no era cómplice del supuesto cohecho. Fue para “desentrañar el modo en que se lleva a cabo la cancelación propuesta por parte del dependiente del IPV”.

La operación
El pago efectivamente se hizo, con 1.500 pesos de la propia mujer, con billetes cuyo número de serie quedó registrado. Además, fuentes vinculadas a la investigación revelaron a este medio que adjuntaron como material probatorio las imágenes del sistema de videocámaras de seguridad del Centro Cívico, donde se aprecia el diálogo entre Arce y Vásquez.

El sistema
En la denuncia se adjuntó una planilla emitida por el sistema del IPV, con las cuotas canceladas en tiempo y forma, como si nunca hubieran tenido retraso. Esta planilla fue impresa el 6 de diciembre de 2012. Sin embargo, el 23 de noviembre, el mismo sistema informático arrojaba para esa cuenta una deuda de 4.030,60 pesos.

Cuerpo de sumariantes

La Asesoría Letrada de Gobierno analiza por estos días la conformación de un cuerpo de sumariantes que pueda desembarcar a voluntad en cualquier repartición de la administración pública, sin que ello impida que siga funcionando el sistema como hasta ahora, con los mecanismos de control vigentes.
La idea es que este cuerpo especial de sumariantes pueda dedicarse por completo al esclarecimiento de casos como el del IPV, con total disponibilidad de tiempo y sin vínculo laboral ni relación alguna con los agentes investigados.
Así lo reveló a Tiempo de San Juan una fuente del Ministerio de Infraestructura, donde la propuesta de la actual asesora letrada, Lucía Sánchez, es vista con muy buenos ojos.