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La increíble historia de una funcionaria víctima de violencia
La historia de Victoria podría ser la de cualquier otra mujer que se enamoró muy jovencita, proyectó una familia, tuvo hijos y, en el momento menos pensado, terminó víctima de los golpes de su marido.
Podría ser la historia de cualquier otra mujer que, cansada de la violencia, buscó ayuda y no siempre la encontró. Que tuvo que relatar una y mil veces en alguna comisaría el modo en que fue agredida. Y soportar que le preguntaran cuál era el motivo de la golpiza, como si hubiera razón que justificara la brutalidad.
Pero la historia de Victoria no es la de cualquier otra mujer. Porque hoy tiene a su cargo ayudar a otras compañeras de género que están pasando por lo mismo que le tocó a ella. E incluso, compartir la frustración ante la inacción judicial, que se traduce en impunidad para los agresores e indefensión para las víctimas.
Victoria Benítez es la subdirectora de la Mujer. Desde ese lugar, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, recibe pedidos desesperados de auxilio. Mejor que nadie, ella entiende esa angustia.
Llaman mujeres que viven a diario la palabra de menosprecio, el trato despectivo y finalmente el puño cerrado de quien está en superioridad de condiciones físicas. Casos que, en el extremo, llegan a la muerte. Como María Cristina Olivares, asesinada de más de 140 puñaladas en julio del año pasado en Pocito. O Estela del Valle Bustos, muerta en manos de su propio marido y delante de sus hijos el domingo 26 de mayo en el barrio Las Alondras, en Chimbas.
La historia de Victoria se remonta a unos 18 años atrás, cuando conoció a quien luego se convertiría en el padre de sus tres hijos. Fue un amor rebelde, de una adolescente que contaba apenas con 18 años y encontró en ese hombre mucho mayor que ella una historia de amor.
Al menos así se presentó en un comienzo. Y por amor Victoria empezó a explicarse y justificarse a sí misma los malos tratos y los insultos que descubrían una personalidad oscura de parte de su pareja.
“Empezó de a poco. Me decía: ‘esa pollera está muy corta’ o ‘no te juntes con tal persona’. La cuestión es empezar a cosificarte. Ahora puedo verlo. Pero en ese momento hasta me parecía simpático. Pensás que te está cuidando”, relató Victoria a Tiempo de San Juan.
El primer golpe físico llegó hace 17 años, cuando Victoria (que hoy tiene 36) sostenía a su bebé en brazos. Su marido, borracho, la empujó y la golpeó contra un llavero de bronce que estaba colgado sobre la pared. Los episodios se repitieron. En otra ocasión, cuando volvían de una fiesta y él estaba pasado de copas, Victoria le pidió que no manejara: le contestó con un golpe, la dejó abandonada en medio de la ruta, mientras él seguía a bordo del vehículo con el bebé en el asiento delantero.
“Nunca se lo conté a nadie porque me daba vergüenza. Mis amigas no lo querían mucho. Pero yo lo defendía”, reconoció Victoria. Se atrevió a correrlo de su casa a mediados de 2008, cuando la violencia ya no sólo era hacia ella sino que había empezado también hacia su hijo mayor. Ese fue el momento final. Victoria radicó la primera denuncia policial cuando, ya separada, el violento la agredió en la puerta de su casa, al negarse ella a que se llevara a los chicos en una moto.
Las presentaciones judiciales se fueron acumulando:
-Los días 24 y 26 de noviembre de 2011 realizó sendas denuncias en la Comisaría Cuarta porque el agresor le pegó con una piedra en la cabeza. El asunto pasó al Segundo Juzgado de Faltas. No hubo respuesta.
-El 7 de diciembre de 2011 llenó la primera solicitud de protección ante el Centro de Violencia Familiar Madre Teresa de Calcuta, adjuntando dos denuncias policiales. El asunto fue a la Justicia Correccional. No hubo respuesta.
-Otro episodio de agresión física se denunció ante la policía el 18 de mayo de 2012, con intervención del Primer Juzgado Correccional. No hubo respuesta.
Este es sólo el recuento grueso expuesto en un pedido de protección presentado por la abogada de la víctima. Pero Victoria recuerda al menos una docena de denuncias policiales en distintas comisarías. Nunca la recibió una agente femenina. Siempre tuvo que interactuar con varones uniformados.
“Te atienden como si les estuvieras pidiendo un certificado de domicilio. Te dicen: ‘¿Pero cómo? ¿Usted estaba con otro hombre?’ Están induciendo permanentemente. Les pedí llenar una solicitud de restricción. ¡Me dijeron que la tenía que sacar por Internet!”, relató Victoria.
“No te quieren tomar la denuncia. Te dicen: ‘¿Pero usted sabe que si lo denuncia va preso?’ ¡Sí, me acaba de abrir la cabeza con una piedra!”, recordó.
Tuvo ayuda de la familia Camus y a ello atribuye que finalmente, hace pocos meses atrás, el Juez de Menores Jorge Toro emitió una orden de restricción que no le permite al agresor acercarse a menos de 500 metros donde estén ella o sus hijos.
Del largo inventario de denuncias policiales, que fueron a parar a Tribunales, nunca jamás un magistrado, un fiscal, o cualquier otro funcionario judicial la llamó para tomarle declaración.
La conclusión, amarga, es rotunda: si Victoria, que tiene recursos intelectuales y hasta políticos, que es funcionaria de Gobierno, no es protegida por la Justicia, peor suerte le espera a cualquier otra sanjuanina, ciudadana común, sin influencia alguna.
La historia de Victoria Benítez es conocida y está ligada a la última dictadura militar, porque su mamá, Orfila, integra la lista de desaparecidos.
Militante peronista en los ’70, Orfila vivió un tiempo en la clandestinidad y se mudó a Mendoza, tratando de escapar a la represión. Sin embargo, el 4 de abril de 1977, cuando Victoria tenía tan sólo 2 años de edad, un grupo de tareas la secuestró. La bebé quedó a salvo, en manos de unos vecinos. Pero nunca más supo acerca del destino de su madre.
Victoria nunca ocultó su pasado, alentada por su abuelo materno a reconocer sus raíces. Pronto se convirtió en militante de Derechos Humanos e integró la agrupación Hijos, desde donde reivindicó el poder de las instituciones para hacer justicia.
Su designación como Subsecretaria de la Mujer llegó el 1 de octubre de 2012, por decreto del gobernador José Luis Gioja.