San Juan quedó en shock tras conocerse en los últimos días dos casos de abuso sexual que terminaron en embarazos forzados, afectando a una niña de 12 años y a una joven de 18. Ambos episodios, que culminaron con el acceso de las víctimas a la interrupción del embarazo bajo el marco legal vigente, revivieron no sólo la discusión pública sobre el aborto sino también la "grieta" ideológica, justo en momentos en que en el Congreso se reabrió la discusión por derogar la normativa que legalizó esta práctica en 2021. En este escenario de alta sensibilidad, TIEMPO DE SAN JUAN realizó dos relevamientos entre sus lectores para medir el impacto de estos hechos en la opinión pública, arrojando resultados que exponen una contradicción latente entre los principios generales y la respuesta ante situaciones de extrema vulnerabilidad.
Una controversia por el aborto en San Juan: el dilema de los pañuelos ante la cruda realidad del abuso
Los resultados de los sondeos exclusivos de TIEMPO muestran una sociedad dividida entre la voluntad de derogar la ley nacional y la necesidad de priorizar a las víctimas en situaciones extremas.
A principios de este año, un grupo de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en Argentina impulsó un acta de compromiso para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), buscando retomar el debate sobre la defensa de la vida desde la concepción. Aunque legisladores conservadores insisten en la medida, se aclaró que no forma parte de la agenda urgente del Poder Ejecutivo, pero encendió el debate por el espinoso tema.
La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país. A partir de esta ley la Ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo: hasta la semana catorce inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión; cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud. Además, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
El primer sondeo, enfocado en la discusión a nivel nacional sobre la Ley de Aborto, reveló una tendencia que favorece levemente la postura de los sectores que buscan dar marcha atrás con la legislación. Según los datos obtenidos, el 52.7% de los votantes, representados por 4225 sufragios, considera que la Ley del Aborto debe ser derogada, mientras que el 47.3%, equivalente a 3798 votos, sostiene que la normativa debe mantenerse. Estos números reflejan un clima social donde la legitimidad de la Ley 27.610, vigente desde enero de 2021, sigue siendo cuestionada por una mayoría ajustada, coincidiendo con un contexto político nacional donde figuras como el presidente Javier Milei calificaron la práctica como un "asesinato agravado por el vínculo", reavivando el debate en las redes sociales y los medios de comunicación.
Cuando la encuesta traslada el eje del debate desde la abstracción legislativa nacional hacia la realidad concreta de los abusos sexuales a menores en San Juan, las respuestas sociales adquieren un matiz mucho más complejo y fragmentado. Al preguntar sobre cuál debería ser la prioridad del sistema de salud en estos casos específicos, la opción de garantizar el derecho de la víctima a interrumpir el embarazo lideró las preferencias con un 42.7%, sumando 1667 votos. Este dato resulta fundamental para el análisis, ya que demuestra que, ante el horror de la violación, una porción significativa de la sociedad que quizás se opone a la ley en términos generales, termina empatizando con la situación de la víctima y priorizando su autonomía.
El análisis profundo de este segundo sondeo muestra que la postura "pro-vida" absoluta se reduce considerablemente cuando el caso involucra una agresión sexual. Solo el 28.9% de los encuestados, es decir 1130 personas, mantuvo la posición de que se debe preservar la vida del feto por sobre cualquier circunstancia. Por otro lado, surge un sector intermedio de gran relevancia, compuesto por el 28.5% de los votantes (1112 votos), que sugiere que no debe haber una regla fija, sino que se debe evaluar cada caso según la edad y el riesgo que corra la niña. Si se suman los sectores que apoyan la interrupción directa y aquellos que piden una evaluación personalizada del riesgo, se observa que más del 70% de los participantes se aleja de una prohibición total en casos de abuso, lo que contrasta notablemente con el deseo de derogar la ley expresado en la primera encuesta.
Esta dualidad en la opinión pública sanjuanina puede entenderse a la luz de la coexistencia de dos marcos legales: la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Mientras que la IVE permite el aborto hasta la semana 14 sin necesidad de expresar motivos, la ILE, que está presente en el Código Penal desde 1921, garantiza el derecho cuando hay peligro para la vida o la salud de la persona gestante, o cuando el embarazo es producto de una violación. Las reacciones de los usuarios en redes sociales han mostrado una indignación mayoritaria hacia los agresores, pero también han expuesto la persistencia de quienes sugieren que la solución ideal debería ser la adopción, enfrentándose a quienes argumentan que las niñas no deben ser obligadas a ser madres.
Desde el ámbito judicial y de salud, se recuerda que la aplicación de estas leyes es de carácter administrativo y responde a una cuestión de salud pública, donde la confidencialidad y el trato digno son derechos fundamentales de las personas con capacidad de gestar. A pesar de que los sospechosos de estos abusos en San Juan ya se encuentran bajo prisión preventiva, la discusión sobre las consecuencias de sus actos sigue abierta en la sociedad. Los datos de TIEMPO dejan en claro que, aunque la "guerra de pañuelos" sigue vigente en el plano de las leyes nacionales, la realidad de la violencia sexual en la provincia obliga a una gran parte de la ciudadanía a repensar sus dogmas y a poner el foco en el sufrimiento y los derechos de las víctimas.