Sin sorpresas: designaron a Sebastián Dávila como Fiscal de Estado de San Juan

En el recinto se vio un consenso en la votación. Dávila quedó nombrado en el cargo, sin el apoyo del giojismo, pero sí del PJ, por 29 votos. Por su parte, en Iglesia, auspiciada por el bloquismo y sin el voto del giojismo, quedó designada Aguilera por 27 votos. Finalmente, en Albardón se impuso un ex funcionario provincial del uñaquismo, Jorge Oribe, quien estuvo a cargo de la Subsecretaría de Trabajo.

El puesto de Fiscal de Estado quedó vacante en diciembre, cuando Jorge Alvo, que había asumido en 2017, renunció al cargo, pese a que había anunciado que quería seguir en el lugar. El letrado había quedado en un lugar incómodo ya que el Fiscal de Estado tiene como misión la representación y defensa en juicio de la Provincia de San Juan, tanto en carácter de demandada como demandante, siendo a la vez una persona de extrema confianza del gobernador de turno.

Por otra parte, los legisladores designaron al contador Alfredo Nahuel Basualdo Rivas, a los fines del estudio de la Cuenta General del Ejercicio año 2023 del Tribunal de Cuentas de la Provincia. En esta oportunidad, habló el diputado Franco Aranda como miembro informante.

El cargo de Fiscal de Estado, clave

Según dicta la Constitución Provincial, para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser miembro de la Corte de Justicia. Es nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, y no puede ejercer la profesión de abogado mientras desempeñe esta función. Es inamovible mientras dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político. Además, tiene facultad para peticionar ante la Corte de Justicia que se declare la constitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución o acto administrativo.

La Constitución Provincial establece, en tal sentido, que el Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia, siendo parte legítima y necesaria en los juicios contencioso administrativos y en toda controversia judicial en que se afecten intereses de ese patrimonio. Se lo ha visto en acción por ejemplo en el tironeo con Nación por fondos de la coparticipación, en la compulsa con La Pampa por la construcción de los diques sanjuaninos o en la compulsa por la candidatura de Sergio Uñac en 2023.

El mismo principio se encuentra en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (Ley 5558), la que especifica que la actuación del titular se extiende a todos los juicios “cualquiera sea su fuero o jurisdicción”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir.

El artículo 1º de la Ley Orgánica Nº 5558 establece que: “La Fiscalía de Estado es un organismo integrado por: el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, el Consejo de Asesor, el Cuerpo de Abogados, el Secretario General, el personal administrativo y contable necesario para su funcionamiento”.