Los delitos informáticos se podrán investigar más eficazmente en San Juan

El proyecto había sido enviado a la Legislatura por la Corte de Justicia, pidiendo la incorporación al Código Procesal Penal, la investigación y el juzgamiento de la totalidad de los delitos informáticos y, además, de delitos tipificados en la Ley Nacional 26.388.

Según explicó la diputada oficialista Florencia Peñaloza, que argumentó la iniciativa, "la Corte, mediante una acordada, consideró oportuno y necesario ir avanzando en la progresividad que establecía el sistema acusatorio adversarial, de ir incorporando de manera progresiva determinados delitos de acuerdo a su gravedad, a su sensibilidad y a la necesidad de mayor protección para la sociedad y, sobre todo, para afianzar la justicia. En virtud de esto es que el Presidente de la Corte nos remite este expediente para la incorporación de los delitos informáticos, que tienen una gravedad hoy en día sumamente importante".

De acuerdo a la fundamentación de la legisladora, "la realidad es que hoy la informática, la tecnología, ha avanzado de una manera desmedida en el día a día de todos nosotros. Si bien ha generado un desarrollo en la comunidad, también ha generado un riesgo y un peligro para los datos. Sin darnos cuenta, todos y cada uno de nosotros en la vida diaria ingresa datos, tiene cuentas bancarias, datos personales, informáticos, empresas, organizaciones y la información ha terminado siendo un bien cotizado para los delincuentes. Esto ha hecho que se creen nuevos tipos de delitos penales que fueron tipificados por la ley nacional. Una ley nacional que se sancionó y que clasifica en cinco los delitos informáticos: contra la integridad sexual, delitos informáticos contra la seguridad pública, contra la libertad, contra la propiedad y contra la administración pública".

En la sesión se destacó que "en San Juan no somos ajenos a esta clase de delitos informáticos y es por eso que hoy los queremos incorporar al Código Procesal Penal y al sistema acusatorio adversarial".

Algunos de los delitos penales que incorpora la ley nacional son tipos de pornografía infantil por Internet y otros medios electrónicos; grooming; violación del secreto a la intimidad; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica; intercepción, captación de comunicaciones electrónicas y telecomunicaciones; desvío a los sistemas de datos informáticos y telecomunicaciones, acceso a los sistemas de datos informáticos, publicación de comunicaciones electrónicas, acceso a bancos de datos personales, revelación de información registrada en bancos de datos, inserción de datos falsos en archivos de datos personales, fraude informático, daño y sabotaje.

Para implementar el sistema acusatorio en delitos informáticos se aprobó también la creación de dos cargos de agente fiscal y un cargo de defensor oficial. Los legisladores dieron el sí por unanimidad a estos cambios.

El Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial se empezó a implementar en San Juan en febrero de 2021 y se fueron incorporando delitos paulatinamente, incluso se acaba de anunciar y ya está en la Legislatura el proyecto de ley, para incorporar todos los que faltan del Código Penal. Este sistema implica un cambio de paradigma procesal en el Poder Judicial de San Juan, mediante el cual se reasignan los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas. Es acusatorio porque le brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal para que avance en la investigación y permite que el Juez observe de forma imparcial y garantice el proceso. Y es adversarial porque en todo el proceso hay una intervención de la Fiscalía y la Defensa, que participan en igualdad de oportunidades ante un juez. La Defensa busca el cumplimiento de las garantías constitucionales del imputado y el fiscal lleva adelante la acusación.

Segunda Circunscripción

También los legisladores aprobaron un cambio en la Ley N° 1993-O del Sistema Procesal Penal de San Juan, sustituyendo el artículo 10 que estipula la incorporación paulatina de delitos al sistema acusatorio. La diputada oficialista Celina Ramella argumentó que "desde el 1 de agosto, la Segunda Circunscripción Judicial que comprende Jáchal, Iglesia y Calingasta, se va a ver beneficiada al producirse una modificación en el artículo 10. Este artículo 10 comprende, por un lado, la ampliación de la competencia estableciéndole la misma competencia para los jueces de la Segunda Circunscripción que la competencia fijada para el colegio de jueces de la Primera Circunscripción, conforme a los artículos 68, 71 y 72 de la Ley 1851-O. Salvo aquel juzgamiento de los delitos dolosos que estén reprimidos con penas privativas de libertad de 10 años, según la pretensión punitiva formulada en el requerimiento acusatorio fiscal". Además, dijo la legisladora, se le da la facultad de conocer e investigar y juzgar los supuestos de flagrancia.

Por otra parte, aseguró, esta sustitución del artículo 10 se refiere a asignarle a los magistrados de la segunda circunscripción judicial la competencia para entender en el procedimiento de juicio abreviado, previsto en el artículo 413 de la Ley 1851-O, siempre que la pena acordada entre el Ministerio Público y la Defensa no supere los 10 años de prisión.

"De esta forma, lo que se pretende es el cumplimiento de la Ley 1993-O que paulatinamente se vayan adecuando e incorporando todos los delitos y que todos se puedan hacer por este nuevo sistema acusatorio que claramente redunda en beneficio de la sociedad, con una justicia moderna y cercana a la comunidad", destacó Ramella.