El incierto destino de la obra Ruta 40 Sur: versiones cruzadas sobre el final del contrato

El conflicto escaló a un nivel de incertidumbre tal que los principales actores involucrados ofrecen versiones dispares sobre el estado legal del contrato. Para el secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, la situación no tiene vuelta atrás puesto que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) ya habría rescindido el contrato debido a la falta de pago de los certificados de obra que se adeudan desde septiembre del año pasado. Por otro lado, fuentes cercanas a la UTE conformada por las empresas Ivica y Dumandzic y Semisa deslizaron que este escenario de rescisión es una posibilidad concreta ante la imposibilidad de seguir financiando los trabajos con fondos propios, una dinámica que mantuvieron hasta marzo pero que se volvió insostenible tras lo que sería un año de moras por parte del Estado.

Desde Vialidad Nacional, fuentes calificadas plantearon a TIEMPO DE SAN JUAN una postura técnica más cauta pero no menos preocupante, afirmando que formalmente la obra no ha sido rescindida y figura "en ejecución" en sus registros. Sin embargo, admiten que la situación es de una gravedad extrema. En contraste, desde Vialidad Provincial dijeron desconocer si la rescisión se ha formalizado o no, lo que profundiza el vacío de información oficial en la provincia.

El perjuicio económico proyectado es alarmante. Según dijeron fuentes de Vialidad Nacional, la UTE de constructoras está haciendo correr intereses legales por la deuda acumulada, lo que podría derivar en que el Estado termine pagando hasta tres o cuatro veces el valor original de una obra que apenas presenta un avance real del 5% y un avance económico del 8%. Además, existe el riesgo de tener que volver a licitar todo el proyecto si se confirma el abandono de la UTE, lo que implicaría años de demora adicional para un corredor que ya ha tenido antecedentes de fracasos con otras constructoras en el pasado.

Recortes y promesa incumplida

Este colapso tiene como antecedente más cercano la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual el Gobierno Nacional dispuso un recorte de casi 30.000 millones de pesos para rutas nacionales, afectando específicamente a la Ruta 40 Sur con una quita de más de 2.025 millones de pesos para el ejercicio actual.

Esta medida de la gestión de Javier Milei se tomó a pesar de que el proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos estarían ingresando a la Nación pero son retenidos por el Ministerio de Economía sin llegar a la ejecución vial.

Aunque el gobernador Marcelo Orrego ha realizado gestiones ante las autoridades nacionales y recibió promesas de reactivación, la realidad en el terreno muestra que los trabajos se detuvieron justo antes de iniciar la construcción de tres puentes de diseño sísmico avanzado, considerados un orgullo de la ingeniería local, que ahora permanecen como una promesa truncada en el sur sanjuanino.

Horizonte oscuro

El escenario que se abre ante una eventual rescisión formal del contrato es complejo. De confirmarse la ruptura definitiva del vínculo con la UTE, el proyecto se vería obligado a atravesar un nuevo proceso de licitación, lo que implicaría años de demora administrativa y técnica antes de ver máquinas trabajando nuevamente en la zona.

En términos financieros, la situación es aún más delicada, ya que las empresas constructoras ya estarían reclamando por la vía legal el pago de los certificados adeudados al menos desde septiembre del año pasado y otras fuentes hablan de un año, sumando intereses que crecen día a día. Esto significa que el Estado no solo deberá afrontar el costo de lo ya ejecutado, sino también los recargos judiciales, lo que podría llevar a que la obra termine costando entre tres y cuatro veces su valor original. Aquí surge la duda sobre el crédito está a nombre de San Juan y el Gobierno Provincial deberá correr con los costos o es Nación la que se hace cargo.

El compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo genera una fuerte presión, puesto que el préstamo debe ser devuelto independientemente de si la autopista se termina o queda en el olvido. El BID actúa como un prestamista que exige el retorno de sus fondos, y el hecho de que el Ministerio de Economía haya retenido las partidas sin distribuirlas a la obra no eximiría a la Nación de sus obligaciones de deuda.

En el terreno, el abandono de los trabajos con apenas un 8% de avance físico dejaría a la provincia con un corredor peligroso lleno de desvíos, lo que obligaría a Vialidad Provincial a intervenir para realizar tareas de mantenimiento y prevención de siniestros viales que originalmente no le corresponden.

Ni hablar del impacto social que se consolida con la pérdida definitiva de los puestos de trabajo para casi un centenar de operarios, cuyas esperanzas de ser reincorporados se desvanecen ante la parálisis del proyecto.

Un historial de complicaciones

La historia de convertir en autopista la Ruta 40 Sur está marcada por bemoles y complicaciones. Esta paralización actual no es la primera, ya que este es el segundo intento por concretar el sueño de mejorar el estratégico camino entre San Juan y Mendoza. La anterior parálisis fue por cuatro años y comenzó a principios de 2020, cuando el proyecto original se vio truncado luego de que la empresa mendocina Green se declarara en convocatoria de acreedores, lo que obligó a rescindir el contrato y atravesar un complejo proceso judicial y administrativo.

Tras una nueva licitación, el consorcio integrado por Semisa e Ivica y A. Dumandzic asumió la responsabilidad de la obra, aunque su reactivación efectiva se demoró debido a negociaciones financieras ante el gobierno nacional vinculadas al crédito del BID.

Finalmente, tras un acuerdo político logrado en el marco de la Ley Bases por la gestión de Marcelo Orrego, el 30 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio que dio paso al recomienzo histórico de los trabajos en septiembre de ese año, devolviendo la actividad al tramo estratégico entre Tres Esquinas y Cochagual. Ahora la historia parece repetirse.