El Ejército se moviliza contra el narcoterrorismo en Rosario: qué debería pasar para que entren en combate

La foto “a lo bukele” que publicó el gobierno, mostrando a delincuentes en la misma pose en la que se vio a las “maras” en El Salvador, fue otro de los detonantes de la furia asesina de los narcos, que fue notificada incluso con improvisadas cartas.

Los inocentes ya no son el daño colateral de una balacera, sino que son los objetivos de los sicarios. Esto ya convirtió a los narcotraficantes, según señalaron muchos funcionarios, entre ellos el gobernador de santa Fe Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en narcoterroristas.

Hoy arribaron los primeros efectivos de fuerzas Federales a Rosario (especialmente de Gendarmería Nacional), en un grupo pequeño para las expectativas de los santafesinos. De todas formas, en una conferencia de prensa en la tarde del lunes, Bullrich aseguró que seguirán llegando en mayor número durante la semana. La funcionaria además confirmó un fuerte despliegue del Ejército en la ciudad, aunque no en tropas armadas, sino en apoyo logístico, aportando drones, radares móviles, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea, camionetas multipropósito y equipamiento de asistencia móvil.

El Ejército está impedido por la Ley de Seguridad interior de desplegarse en combate en una situación como la de Rosario. El artículo 7 de la ley 24.059, sancionada en 1991, señala como agentes de la Seguridad interior a

• a) El Presidente de la Nación;
• b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley;
• c) El Congreso Nacional;
• d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia;
• e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente;
• f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

En el artículo 27 de la norma se establece que las fuerzas Armadas “apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

El plan de Javier Milei es utilizar a las Fuerzas Armadas de esta manera, con el apoyo logístico. Pero la ley guarda un as en la manga para el Presidente, en caso de que considere necesaria la intervención del Ejército. Para ello debería declarar el Estado de Sitio.

El artículo 23 de la constitución señala: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales”.

Esto podrá hacerlo si cree que el despliegue de fuerzas federales es insuficiente para proteger lo que marca el artículo 2 de la norma: “A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.

Hoy Patricia Bullrich admitió que en el Gobierno aún no piensan en declarar el Estado de Sitio, y reclamó al Congreso vote la ley de emergencia en Seguridad.

Minutos después admitió que se podría dictar el Estado de Sitio si lo pidiera la provincia de Santa Fe, que debería hacerse cargo. En este caso, el Ejecutivo, a pedido de la jurisdicción afectada, debería presentar un proyecto de ley cuya aprobación necesitaría de mayorías especiales.