De escobares y avelines, los juicios políticos más sonados de San Juan desde que volvió la democracia

Baigorrí, Muñoz Carpino e Ibáñez

El más reciente antecedente fue en el año 2020, cuando el abogado Edishon Sobelvio solicitó que se inicie juicio político contra los miembros subrogantes de la Sala Segunda de la Corte de Justicia Local, Guillermo Baigorri, Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez. Se dio en el marco de la megacausa de las expropiaciones -aún en trámite- que tenía a la esposa de Sobelvio, Rosalba Marún (ya fallecida), como una de las juezas sospechadas.

Recordando que este proceso lo puede iniciar cualquier ciudadano y siempre se hace dentro de la Legislatura Provincial, Sobelvio pidió el juicio político el 30 de diciembre de 2020, contra los camaristas, y le achacaron que no se percató de un error formal: este recurso sólo puede ser contra el gobernador, el vicegobernador y los integrantes de la Corte de Justicia. Como los entonces magistrados denunciados tenían una investidura diferente a los cargos contemplados en la Constitución para someter a juicio político, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de Diputados consideró que debía desestimarse. Esto se decidió en febrero de 2021.

Luego, Sobelvio envió una nota a la Legislatura, planteando "no solo mi disconformidad con lo resuelto por la Sala Acusadora en los autos de referencia sino también la profunda preocupación y desilusión que me ha generado, como consecuencia de los fundamentos volcados en la Resolución desestimatoria referida, el darme cuenta que lamentablemente, los sanjuaninos carecemos de un Poder Legislativo integrado por ciudadanos con una preparación intelectual suficiente para desempeñar las funciones de Legislador".

Caballero Vidal

En noviembre de 2017, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo presentó en la Cámara de Diputados un pedido de destitución contra el entonces ministro de la Corte de Justicia sanjuanina, Juan Carlos Caballero Vidal. El magistrado buscaba que fuera sacado del cargo para que se quedara sin fueros y así poder indagarlo en la causa donde estaba acusado de cometer graves delitos durante la dictadura militar.

Fue acusado de no motivar las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, quien fue torturado en el Penal de Chimbas, ambos casos ocurridos en 1977.

Un día después de la presentación, Caballero Vidal jaqueado por la situación renunció a su cargo para eludir el juicio político que finalmente no prosperó.

En junio de 2022, el excortista fue condenado por la Justicia Federal a dos años de inhabilitación absoluta por no investigar el secuestro y tortura de dos personas en épocas de la dictadura y el fallo sentó un precedente a nivel local, ya que se convirtió en el primer funcionario de más alto cargo judicial en la provincia en ser condenado por crímenes de lesa humanidad.

Escobar

El 10 de diciembre de 1991 Jorge Alberto Escobar asumió la gobernación de San Juan y a menos de un año de mandato, fue destituido mediante un juicio político. El pedido inicial fue del gremio ATE, con acusaciones en torno a retenciones gremiales y persecución sindical, pero luego en la Legislatura la denuncia se centró en actos de corrupción.

El 17 de noviembre de 1992 empezó el juicio político en la Cámara de Diputados. En la versión taquigráfica oficial figuran los cargos que encontró la Sala Acusadora: "Acusar al Gobernador de la Provincia por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y presunta comisión de delitos en el desempeño de sus funciones por: persecución sindical; práctica desleal y publicidad engañosa; arrogarse facultades correspondientes a otro organismo constitucional; ejercicio indebido de otro empleo, arte, profesión o comercio; violación de la prohibición de contratar con el Estado; obtener ventajas patrimoniales y personales en la negociación con Servicios Eléctricos Sanjuaninos y en perjuicio de ésta; utilizar agentes de la Administración Pública, movilidades, maquinarias y elementos de propiedad del Estado Provincial en su beneficio particular; contratar con acreedores y proveedores del Estado, violando los presupuestos y conducta indecorosa".

La sala Acusadora que suspendió a Escobar estuvo presidida por el entonces diputado cruzadista Alfredo Avelín Nollens. Llegado el momento de la votación, ante la desventaja numérica del justicialismo ante el Partido Bloquista y la Cruzada Renovadora, los ocho legisladores del escobarismo se retiraron del recinto. También se fue la radical Fátima Farías.

El entonces juez federal ahora jubilado Miguel Ángel Gálvez dejó abierta la puerta para la apelación ante la Corte de Justicia. Esto permitió que el 29 de diciembre de 1994 la Corte Suprema de Justicia ordenara que Escobar volviera a ejercer la gobernación. En el medio, ganó las elecciones legislativas con el Frente de la Esperanza, que fundó por afuera del justicialismo. En 1995 con el mismo frente político, el ex mandatario arrasó en las urnas.

El actual secretario legislativo de la Cámara de Diputados local, Gustavo Velert, analizó sobre el proceso contra Escobar que "en el caso Escobar, fue en diciembre del '94, la Corte de Justicia local, por medio de la Sala Segunda, reemplazó el recurso deducido por el exgobernador. El exgobernador interpone un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta elimina el fallo y ordena, otra vez al tribunal local, dictar una nueva sentencia. En ese entonces, la Corte sostuvo la judicialidad de las decisiones adoptadas en el juicio político cuando hubiera existido violación del debido proceso".

Lo que sucedió es que encontró que se vulneró el derecho de defensa de Escobar. "En esa sentencia por la cual se ordenó la destitución, lo único que se hizo fue describir todos los pasos del proceso e inmediatamente ordenar la destitución sin siquiera fundamentar el por qué se tomó esa decisión. Y con eso se lesionó el derecho de defensa del exgobernador para poder defenderse por las razones por las cuales se lo dejó afuera. Por eso es importante siempre en este tipo de procedimientos, aunque no es judicial, respetar el debido proceso", aclaró Velert en declaraciones a Estación Claridad.

Avelín

El cruzadista Alfredo Avelin ganó la Gobernación de San Juan el 16 de mayo de 1999, dando inicio a una ola de triunfos de la Alianza en el país. La euforia se diluyó en desencuentros con el Gobierno Nacional, y más álgidamente con el entonces presidente Eduardo Duhalde, en febrero de 2002, cuando San Juan se negó a la firma del "pacto federal", que devino en limitaciones de envío de fondos para la provincia. Esto generó una parálisis en las más básicas funciones estatales. Así surgieron múltiples protestas de los trabajadores de la administración pública local que se conformaron en una multisectorial.

El 26 de agosto del 2002 fue suspendido de sus funciones después de enfrentar tres pedidos de juicio político en tres años y tres meses de gestión. El 24 de septiembre de ese año finalmente fue destituido por un cuarto proceso. El gobierno del cruzadista llegó a su fin con tres sueldos adeudados a los estatales. Para los hijos de Avelín, Alfredo y Nancy, y la militancia cruzadista, la causa de la caída fue un entramado de conspiraciones del PJ.

Los pedidos de juicio político se dieron sucesivamente. El 18 de mayo la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados desestimó la primera denuncia realizada por la agrupación católica Ciudadanos Argentinos Independientes (CAI). La demanda promovía la destitución de Avelín y la de todos sus reemplazantes legales, como el vicegobernador Acosta y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el radical Hugo Jorge.

Los legisladores votaron cuatro a favor de enjuiciar a Avelín (tres radicales, quienes rompieron definitivamente con la Alianza, y Jorge Quattropani, del partido Desarrollo y Justicia), 18 en contra y todo el bloque justicialista –integrado por ocho diputados- se abstuvo.

Hubo otros dos pedidos más que fueron desestimados, uno presentado por el entonces intendente de Chimbas, José “Pepe” Camacho, por deudas del Ejecutivo en concepto de coparticipación municipal y otro por un ciudadano independiente, un abogado que no pudo cobrar aún los cupones de los bonos provinciales "SAJU".

En agosto de 2002 la situación económica de San Juan era insostenible. Los gremios organizados en una Mesa Intersindical organizaron una marcha y acordaron presentar el pedido de juicio político que lo terminó sacando del cargo.

Fue el 24 de septiembre cuando la Sala Juzgadora destituyó a Avelín. Fue encontrado culpable en tres de los cuatro cargos de los que fue acusado: administración deficiente y negligente con riesgo al normal desenvolvimiento de la administración, la prestación de sus servicios esenciales y daños sociales irreparables; violación del derecho constitucional a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no garantizar el derecho humano a la educación.

La sucesión fue instantánea y recayó en el entonces vicegobernador Wbaldino Acosta, quien buscó reconstruir el vínculo con la Nación para poder administrar la convulsionada provincia.