Código de ética: por qué el Ejecutivo echó a un funcionario denunciado por violento y la Justicia no

Fernández fue denunciado en la Cavig por su pareja, con quien convive desde hace dos años. Según la denuncia, el hombre tomó del cuello a la mujer y luego la golpeó, provocándole heridas en el rostro, el cuello y brazos. El médico legista constató las lesiones y Fernández será investigado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género.

A primera hora de la mañana del 31, el Gobierno de San Juan informó a través de un comunicado que echaba a Fernández de su puesto en Turismo. El Ejecutivo se amparó en la Ley de Ética Pública, en el artículo 13 de la normativa que dice: “Todo funcionario debe observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve”. El comunicado asegura que se respeta “el estado de derecho y el principio de presunción de Inocencia como derecho constitucional” pero que los dirigentes deben tener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública.

Hasta la denuncia, Parisí era asistente jurídico del Colegio de Jueces y coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas. Tras el inicio del proceso judicial, la Corte lo trasladó al equipo Jurisprudencia, pero no hubo información pública sobre otro tipo de sanciones. Según informaron fuentes de la Corte de Justicia, en el Poder Judicial no se aplica la Ley de Ética Pública sino que tienen un código de ética propio (Código de Ética Judicial de San Juan), basado en otros cuerpos normativos que rigen en tribunales iberoamericanos.

Al mismo tiempo, indicaron desde la Corte que hay una diferencia sustancial entre ambos casos: Fernández fue despedido de su cargo de planta política mientras que Parisí es planta permanente del Poder Judicial. Quienes integran el Gabinete, tras un nombramiento político pueden ser removidos de sus cargos. En la Justicia, solo en el hipotético caso de que Parisí sea condenado, podría ser echado.

Lo que sí puede hacer la Corte es aplicar otro tipo de sanciones, como suspender temporalmente a un trabajador de sus funciones o reducirle el sueldo. Esto fue lo que pasó en Tierra del Fuego, donde el relator del Superior Tribunal de Tierra del Fuego, Marcelo Guzmán, está imputado por una causa de violencia de género contra su esposa y el Tribunal Superior decidió de inmediato suspenderlo preventivamente de sus funciones y que perciba un 60 por ciento menos de sus remuneraciones brutas.