Piden que se revoque por arbitraria la condena a Milagro Sala

El fiscal emitió un dictamen de 40 páginas en el que sostuvo que el delito de "amenazas" por el que fue acusada Sala prescribió y que la líder de la Tupac Amaru había sido acusada, incluso, por testigos falsos.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) condenó a Sala a tres años de prisión en suspenso y sostuvo que otros dos integrantes de la Tupac Amaru, Graciela López y Ramón Salvatierra, fueron los autores del escrache en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas jujeño.

"No existen elementos de prueba que indiquen que López o Salvatierra hayan sido quienes profirieron amenazas y producido los daños que son objetos de reproche", sostuvo De Luca en el dictamen.

Agregó que "la ausencia de una descripción clara de los hechos imputados a López y Salvatierra -y, por consiguiente, a Sala- hace sospechar que todo esto es consecuencia de que no se pudo identificar a los autores de los daños".

"El Tribunal se valió de una construcción similar a la teoría de los aparatos organizados de poder, o de la empresa criminal conjunta, sin que para su aplicación se dieran los presupuestos más elementales de esas doctrinas", sostuvo el fiscal.

De Luca utilizó varias veces en su dictamen la palabra "arbitrario" y remarcó que "no basta con señalar sus roles en la organización ni la amistad o dependencia de Sala" para condenar a López y a Salvatierra. 

Sobre los testigos "Arellano y Chauque", que acusaron a Sala, el fiscal sostuvo que "durante el debate quedó demostrado que ambos mintieron sobre varios aspectos de su relación con el acusador particular y la verosimilitud de sus testimonios fue derribada".

Además de pedir que se revoquen las tres condenas, De Luca solicitó que se declare nula la acusación de la querella que representa a Morales y adelantó que denunciará por falso testimonio a dos de los testigos.

La jefa de la Tupac Amaru se encuentra detenida desde enero de 2016, primero por imputaciones penales a raíz de un acampe de protesta y, luego, por la prisión preventiva dictada en el marco de una de las causas que tramitan en su contra por los supuestos delitos de fraude, extorsión y asociación ilícita, entre otros.