Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan
El intendente Julián Gil quedó en boca de todos cuando coronó una seguidilla de escándalos con las escuchas de la megacausa de AFIP donde la Municipalidad de Caucete apareció mencionada entre los supuestos involucrados en la usina de facturas truchas. La relación con los concejales de la oposición se tensó todavía más y los pedidos de informe e interpelación se combinaron con debates internos sobre una medida más drástica: pedir el juicio político. Se consideró y se desestimó.
La decisión fue de carácter estrictamente político. No avanzarán en un proceso de destitución sin medidas previas contundentes de la Justicia Federal que pongan al intendente Gil en una situación insostenible. Hasta tanto eso no ocurra, nadie hablará de revocarle el mandato. Al menos en público.
Sin demasiados detalles pero con claridad, el gobernador Sergio Uñac definió su criterio en Paren las Rotativas el domingo 10 de julio, cuando reconoció que está mirando de cerca y con atención la situación en Caucete. Dijo también que es respetuoso de la voluntad popular.
Tres días antes, el gobernador recibió a la concejal justicialista Romina Rosas, posiblemente la dirigente de más alto perfil en la pulseada con el intendente Gil y sus cuentas sospechadas. A solas, Uñac se puso al tanto de la situación municipal. No bajó línea más allá de lo que dijo en televisión a posteriori. Para la edil fue una señal clara de que debe primar la prudencia.
El gobernador también dejó en claro que si tuviera que tomar una decisión –léase: intervenir el municipio- lo haría. Para la tropa fue un punto de inflexión en este sentido el puño de hierro del pocitano al pedirle la renuncia al secretario de Turismo, Ubaldo Hidalgo, el pasado martes 12 de julio. Fue una situación totalmente distinta, pero el mensaje hacia abajo se tradujo en que no habrá protección o disimulo para nadie.
Si la Justicia Federal hallara otras pruebas que complicaran al intendente caucetero, en el PJ departamental calculan que al gobernador "no le temblará el pulso”. Pero eso no ha ocurrido todavía. Y nadie podría anticipar qué evolución tendrá la causa.
Sin embargo, tanto para Rosas como para su compañero de bloque, el ex intendente Juan Elizondo, hay otras razones que abonan la cautela frente a Gil. Generar un clima de mayor inestabilidad no parece oportuno, porque nadie saldría indemne. "El escándalo no permite la construcción política”, graficó una fuente vinculada al Concejo.
Son tiempos en que la concordia y los buenos modales miden más que la confrontación. Aunque Gil haya perdido sustancialmente apoyo en la opinión pública de su departamento, todavía conserva entre un 20 y un 30 por ciento de aceptación, de acuerdo a la información que maneja tras bambalinas el peronismo. La victimización podría hacer el resto para que, llegada la hora de la consulta popular, el basualdista saliera fortalecido de todo el proceso.
Elizondo lo sabe porque lo vivió en 2001, cuando era concejal y defendió en minoría al entonces intendente Emilio Mendoza. En el Concejo Deliberante perdieron la pulseada y el jefe comunal tuvo que someterse a la revocatoria y la posterior consulta popular por la continuidad o la destitución. Finalmente el caudillo caucetero se impuso con el 51 por ciento de los votos. Una bofetada para la oposición.
Pero queda otro factor de la política interna caucetera que impide avanzar en un juicio político aunque estuviera la decisión justicialista de hacerlo. Faltan votos en el Concejo Deliberante.
De los siete integrantes del Poder Legislativo en ese municipio, cuatro corresponden a la lista de Gil (Paola Zepeda, José Giménez, Miguel Caselles y Alejandro Varela), dos al peronismo orgánico (Romina Rosas y Juan Elizondo) y el restante al radicalismo (Juan Carlos Vicente).
Los últimos tres han coincidido en todas las votaciones por pedidos de informes y de interpelar al intendente. Pero hubo un voto flotante que los acompañó en algunas ocasiones y en otras no. Se trata del basualdista Varela.
En el justicialismo entienden que el bloque oficialista confía en la inocencia del intendente. Creen que fue víctima de un embuste de Pedro Rodrigo Bustos, el sujeto de las escuchas telefónicas cruzadas con el contador Eduardo Cristian Olmos, detenido por la megacausa de AFIP. Bustos, además, tiene un manojo de causas en la justicia penal provincial por presuntas estafas.
Seguirán adelante los controles internos y seguramente los chispazos en los medios de comunicación. Para ir más allá, tendrán puesta la mirada en los siguientes pasos del juez Leopoldo Rago Gallo.