En el marco del denominado plan de "democratización de la Justicia" enviado por el Ejecutivo, mientras que ayer el plenario de comisiones de la Cámara alta firmó el documento que habilita el tratamiento de los proyectos que modifican la conformación del Consejo de la Magistratura y la creación de tres cámaras de casación, hoy se reunieron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General del Senado y firmaron el dictamen para el proyecto que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional.
Ya con la mira en la semana próxima, ahora el objetivo del oficialismo es tratar los dictámenes en el recinto para luego girarlos a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, anunció que el martes de la semana próxima se avanzará con la discusión de los proyectos que buscan democratizar el acceso a la carrera judicial, la publicidad de las causas y de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos.
Reforma judicial: los tres proyectos con dictamen
Mientras ayer la Cámara alta habilitó el tratamiento de tres de las iniciativas más importantes del plan de democratización, hoy el Senado dio dictamen al proyecto para regular las cautelares y se votará el jueves próximo.
La legisladora señaló que la intención del oficialismo es poder dar un rápido tratamiento a estas tres iniciativas que, a su juicio, "deberían tener el respaldo" de todas las bancadas ya que se busca "democratizar el acceso a la justicia y la publicidad de las causas y de las declaraciones juradas".
Los tres proyectos ya tratados:
- Proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura: el texto original afirma que su objetivo es "introducir reformas con el fin de dotar al Consejo de la Magistratura, y al Poder Judicial de la Nación en su conjunto, de condiciones que garanticen la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones y la plena vigencia de los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión, control público de las decisiones y elecciones de jueces a través de mecanismo no discriminatorios que favorezcan la participación popular".
- Proyecto para crear tres nuevas Cámaras de Casación: apela a la creación una Cámara en lo Civil y Comercial, otra en lo Contencioso Administrativo, y la última de Trabajo y Seguridad Social, que se sumarán a la ya existente en lo Penal. Busca asegurar "la uniformidad e igualdad en la aplicación del derecho objetivo. Frente al desconcierto que produce la dispersión de interpretaciones diversas de tribunales de un mismo grado, el recurso de casación tenderá a garantizar la unidad de doctrina y con ello satisfará la previsibilidad y seguridad jurídica"
- Proyecto para regular las medidas cautelares en procesos contra el Estado: el texto del proyecto establece que "al decretarse una medida precautoria, el juez o tribunal deberá fijar un plazo razonable de vigencia, que no podrá exceder de seis meses en el proceso ordinario y de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo.
Algunas de las correcciones que el bloque del Frente para la Victoria introdujo a la reforma al Consejo de la Magistratura, establece que los jueces pueden tomar una media unilateral sin escuchar al Estado con el propósito de defender el medio ambiente, dado que no se puede reparar el daño.
Una segunda modificación establece que cuando exista un litigio entre un juez civil y un juez en lo contencioso administrativo, deberá resolverlo este último dado que a él le corresponde la relación entre empresas y el Estado.
En tanto, la Cámara de Diputados ya tiene listo su cronograma para comenzar con el tratamiento de los tres proyectos incluidos dentro de la democratización del Poder Judicial en los que interviene como Cámara de origen.
El próximo martes, a las 14, fue convocada la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar estos otros tres proyectos:
Proyecto para garantizar el acceso igualitario a la Justicia y el Ministerio Público Fiscal: critica que en la Justicia el ingreso se realice por la propuesta que de manera directa y discrecional realizar sus titulares y señala que eso "da lugar al nepotismo en la carrera judicial y obstaculiza a la totalidad de la población el acceso a ocupar los cargos en condiciones de igualdad". Por ello, su objetivo es "que se garantice el ingreso igualitario y se nutra al sistema de administración de justicia de hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad".
Media hora más tarde, también en la sala 1 del Anexo, está prevista la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para abordar la iniciativa por la cual se regula "el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación mediante el procedimiento de concurso público." Así como la que dispone "la obligatoriedad de publicar por Internet todas las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país."
- Proyecto para transparentar el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios: este proyecto dispone que la totalidad de las Declaraciones Juradas de integrantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sean publicadas en el sitio de Internet de la Oficina Anticorrupción, que deberá mantenerse actualizado.
- Proyecto para que sea obligatoria la publicación de todos los fallos judiciales en Internet: propone la obligatoriedad de publicar las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todos el país, incluída la Capital Federal, y en esta última jurisdicción también las Cámaras Nacionales de Apelaciones, el mismo día de su dictado, después de notificar a las partes.
El paquete de seis leyes presentado por la presidenta Cristina Fernández incluye la reforma del Consejo de la Magistratura; Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio Público Fiscal y a la Defensa; publicidad de los actos del Poder Judicial; Publicidad y de Acceso a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado; Creación de las Cámaras de Casación y Regulación de las Medidas Cautelares contra el Estado y los Entes Descentralizados.
El proyecto establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo pero que podrán extender por seis meses siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
A la vez, dispone que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentar.
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