Por Sebastián Saharrea
El juez polémico al que se le puede complicar el retiro
Es Moisés Moya, camarista civil que renunció para jubilarse. Lo acusan por su relación con dos protagonistas del caso expropiaciones: los abogados Baistrocchi y Graffigna. Está pendiente una recusación en su contra. Por Sebastián Saharrea.
Mientras, Moya presentó su renuncia que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Se trata de un mero trámite que no puede rechazar, pero sí manejar los tiempos y demorarlo, lo que puede generar dolores de cabeza al juez. En Diputados hay mayoría oficialista y es precisamente el gobierno el que presentó la denuncia para que se investiguen las irregularidades. Y es el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien sorpresivamente siguió hasta la Corte el caso Moya. Por lo tanto, parece antes que nada una decisión política.
Moisés Moya tiene una relación intensa con Baistrocchi en las causas de Cuesta del Viento, sospechadas de pagar sobreprecios asombrosos en las que eran impulsadas por el abogado Graffigna, de acuerdo con la documentación presentada por el fiscal.
Entre 1988 y 1992, Moya era director del área Expropiaciones precisamente de la Fiscalía de Estado y Norberto Baistrocchi era asesor letrado de Recursos Energéticos, el área oficial a cargo del dique Cuesta del Viento y sus necesarias expropiaciones. Los expedientes que enviaba Baistrocchi desde Recursos Energéticos eran recibidos en la Fiscalía por Moya.
Poco después, Baistrocchi fue transferido a Fiscalía y Moya lo designó para que iniciara las demandas de expropiación en Cuesta del Viento. Incluso, señala el escrito que muchas de esas demandas fueron iniciadas conjuntamente. Una de ellas, la del ex diputado bloquista Ramón Anes, es una por las cuales Baistrocchi estuvo bajo el sumario que determinó que fuera despedido.
El escrito acusa al abogado desplazado de “nunca” haber notificado a los demandados de las causas iniciadas, a pesar de ser sólo poseedores. Por eso permanecían paralizadas durante largo tiempo y muchos años después se diera por notificado el abogado Santiago Graffigna pidiendo cifras exorbitantes de dinero. Y agrega testimonios de funcionarios de Recursos Hídricos, como el ingeniero Pérez Lobos, que le llevaban a Moya los expedientes a su escritorio y le decía que aceleraran los trámites porque estaban muy demorados. Después, Moya postuló para juez de Cámara y se convirtió en una de los magistrados que debían fallar por estas expropiaciones polémicas.
Con Graffigna, el vínculo de Moya es distinto. Aquí la relación que detalla la presentación del fiscal tiene que ver con un vínculo humano, que luego se convirtió en una relación societaria entre el abogado que llevaba las causas por expropiaciones y el hijo del camarista, Pablo, también abogado.
El documento señala que Santiago Graffigna y Pablo Moya comparten el estudio jurídico. Y que la relación entre ambos es consecuencia de una “entrañable vinculación personal e íntima, casi familiar y de antigua data”. Dice que Graffigna fue educado “al amparo” del juez, “quien en circunstancias familiares desgraciadas lo contuvo, se hizo cargo de su educación cual si fuera un padre”.
Agrega que Graffigna y Pablo Moya estudiaron juntos en la Universidad Nacional de Córdoba y que está probado que entre ambos hubo cesión dinero. Se refiere a una cesión de honorarios de Graffigna a Moya por $ 115.000 en una causa de expropiación de Manuel Luna, y otra por $ 5.785 en la causa de Margarita Esquivel.
Y además, incorpora una recusación que le había interpuesto el fiscal de Estado anterior, Mario Díaz, en la causa Juan Luis Carabajal y por la misma razón, en la cual Moisés Moya se separó. No pasó lo mismo en este caso y por eso la Fiscalía de Estado debió apelar a la Corte, que tiene la última palabra.
El Tribunal de Tasaciones también desfila ante la jueza
María Inés Rosellot, a cargo del Juzgado de Instrucción que investiga la megaestafa con precios inflados en terrenos expropiados –muchos de ellos en Cuesta del Viento- decidió citar a declaración informativa a todos los integrantes del actual Tribunal de Tasaciones.
Ese organismo es el encargado de fijar el precio de los bienes que compra el Estado, un valor que es tomado como referencia por los jueces de cada proceso. Ese Tribunal fue donde se originan las sospechas, porque las cifras que allí aparecen luego son valoradas por los magistrados y multiplicadas por los intereses.
Allí se puso la lupa en la perito Ana María Melvin, en el Tribunal de Tasaciones como representante de la Fiscalía de Estado, es decir como parte oficial. Pero las sospechas en el Tribunal van más allá de Melvin porque las cifras exorbitantes solían salir con la aprobación de varios de los integrantes del organismo.
Los integrantes del Tribunal son 6, 3 permanentes y los otros 3 rotativos. La semana que viene deberán presentarse tres de ellos y los otros tres lo harán en la semana siguiente.
También la semana que viene se hará el careo entre Ana María Melvin y la ex jueza Myriam Bettio. Una de ellas miente: la jueza dijo que Melvin le explicó sus cambios de criterios en la tasación en que “estaba presionada” por Graffigna y el ex fiscal Pedro Quiroga, y la perito dice que es mentira.
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