Investigan presunto caso de coima en el Instituto Provincial de la Vivienda

Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan

El 30 de noviembre el secretario de Obras Públicas, Vicente Marrelli, firmó el acta con la descripción de los hechos. Una mujer se presentó ante su oficina con la denuncia contra un funcionario del área Cómputos de Cobros del Instituto Provincial de la Vivienda, que le había pedido 1.500 pesos para saldar la deuda acumulada por su casa del Barrio Costanera, aunque el monto real que arrojaba el sistema superaba los 4.000 pesos.
Dicho de otro modo, la deuda por 4.060,30 pesos se podía borrar con tan sólo 1.500 pesos, sólo que entregados en mano al gestor de la operación, según los términos del acta que dio origen a la investigación.
El 10 de diciembre el ministro de Infraestructura, José Strada, ordenó hacer una auditoría interna a través de la resolución 871. En ese texto, el funcionario del gabinete provincial consignó que surgieron “presuntas anomalías” al cruzar los números del IPV con los de la Dirección Provincial de Informática. No coincidían los pagos ingresados y registrados desde agosto de 2012 en adelante.
La auditoría “jurídico-contable” quedó en manos del Jefe de Asesores Letrados del Ministerio de Infraestructura, Ricardo Daniel Romero, para que actúe “con amplias facultades”. Puede interpretarse que, a partir del hecho denunciado y las inconsistencias detectadas, las sospechas no se terminan en la presunta coima de 1.500 pesos sino en descubrir una red más amplia de complicidades y el consecuente perjuicio al Estado.
Si un funcionario del IPV podía hacer desaparecer una deuda de 4.000 pesos con tan sólo 1.500 pesos que presuntamente tampoco ingresaban al instituto, cabe sospechar que tenía la forma de sabotear el sistema informático con datos ficticios. Hasta podría dudarse acerca de la estadística del recupero de cuotas que tiene el IPV, clave para la construcción de nuevos barrios (ver aparte).
El caso bajo investigación aporta un dato más en este sentido. En la denuncia se adjuntó una planilla emitida por el sistema del IPV, con las cuotas canceladas en tiempo y forma, como si nunca hubieran tenido retraso. Esta planilla fue impresa el 6 de diciembre de 2012. Sin embargo, el 23 de noviembre, el mismo sistema informático, arrojaba para esa cuenta, una deuda de 4.060,30 pesos. En el facsímil que se publica en esta nota aparecen resaltadas las cuotas presuntamente “arregladas” vía computadora. Por supuesto, será otro documento sujeto a auditoría para corroborar su veracidad.

El caso

El 30 de noviembre Marrelli recibió en su despacho a la señora Silvia Nelly Arce de Castillo acompañada por un empleado de planta permanente del IPV, Eloy Camus. Según el acta rubricada por el secretario de Obras Públicas, Camus fue quien asistió a la mujer luego de que ella recibiera la propuesta de arreglar la deuda de 4.000 pesos con tan sólo 1.500 pesos.
La mujer había asistido ese día al IPV con 3.000 pesos en su monedero para saldar la deuda acumulada que tenía a la fecha. Ella había hecho la cuenta, simplemente sumando las boletas atrasadas y sin tener en cuenta los intereses punitorios.
El informe de deuda real por la Casa 26, Manzana T, del Barrio Costanera Sector III y IV arrojaba un monto por todo concepto (capital e intereses) de 4.060,30 pesos.
No le alcanzaba el dinero para saldar esa cantidad. Según el acta de la denuncia, un empleado de atención al público de Cobros del IPV la derivó con el “Señor Arturo”.
Arturo Vásquez es el funcionario sospechado, que el ministro Strada desplazó del IPV hasta tanto se aclare la situación y transitoriamente desempeña tareas en Planificación, según informó una fuente del área a Tiempo de San Juan.
Vásquez le dijo a la mujer que si le daba 1.500 pesos él le “sacaba la deuda” y seguiría pagando las cuotas a partir del mes de diciembre de 2012, olvidándose de las demás boletas impagas. Así habrían ocurrido las cosas, de acuerdo a la denuncia.
Arce no quiso tomar una decisión en ese momento y dijo que tenía que consultarlo con su marido –que es discapacitado motriz y es el titular del inmueble- antes de proceder a la operación.
Fue entonces cuando la mujer terminó en la oficina de Camus, quien la instó a realizar la denuncia, al percibir que podría tratarse de una coima porque todos los pagos al IPV se hacen a través del Banco San Juan y bajo ningún concepto puede recibir dinero en efectivo un empleado de la repartición.
Ambos, Camus y Arce, se dirigieron entonces a la oficina de Marrelli, donde relataron lo ocurrido y quedó todo registrado en el acta reproducida en esta nota.

El pago

Según consta en el acta de la denuncia, Arce, Camus y Marrelli, acordaron llevar adelante el pago pedido por Vásquez, dejando en claro que la mujer no era cómplice del supuesto cohecho. Fue para “desentrañar el modo en que se lleva a cabo la cancelación propuesta por parte del dependiente del IPV”
El pago efectivamente se hizo, con 1.500 pesos de la propia mujer, con billetes cuyo número de serie quedó registrado. Además, fuentes vinculadas a la investigación revelaron a este medio que adjuntaron como material probatorio las imágenes del sistema de videocámaras de seguridad del Centro Cívico, donde se aprecia el diálogo entre Arce y Vásquez. Todo está en poder del auditor designado por Strada.
Ya está en tramitación el expediente 501-5969-I-2012 con las actuaciones a este respecto, según confirmó una fuente del IPV.

Sistema solidario

En cada entrega de barrios, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Juncosa, insiste ante los flamantes adjudicatarios que en el pago de las cuotas está la clave para sostener el sistema solidario que permite seguir con la construcción de más casas. Por eso resulta clave conocer si alguien pudo adulterar los registros informáticos de la repartición y figura más dinero del que realmente ingresó.
Según publicó Diario de Cuyo on line el 9 de abril de 2012, en los últimos 7 años el IPV logró un recupero del 83% y el interventor de la repartición atribuyó la buena performance a la modalidad de publicar los listados de deudores en la prensa escrita.
“Nosotros en 2003 teníamos un recupero del 43,29% y de a poquito se fue incrementando hasta llegar al día de hoy, donde superamos el 83%. La gente entendió que las soluciones llegaban y que para poder seguir era necesario que paguen sus cuotas”, dijo Juncosa en aquella nota.