Juan Carlos Abarca estaba sobresaltado cuando le llegó la noticia: no eran $430 mil pesos, eran más de dos millones. ¿Cómo pudo ser posible si él mismo, en su intendencia anterior, había pedido precio para tener seguridad y lo hizo tasar en el tribunal? Ya era tarde: la jueza civil bajó el martillo y no hubo más nada de que hacer: el Tribunal de Tasaciones había fijado $2.322.247 y ella le sumó los intereses. A pagar.
El último resbalón de los tasadores: cambio de criterio increíble en Albardón
Tasaron un terreno para viviendas en $430.000 y a los dos años lo volvieron a tasar, pero en $2.3 millones. ¿Qué motivó el cambio de criterio? No hubo respuestas. Por eso el gobierno intervino el tribunal. Por Sebastián Saharrea.
Con ese dato, Abarca corrió hasta el gobierno provincial para pedirle la plata. Si bien a la expropiación la realiza el municipio, Abarca encaró el proyecto con el apoyo financiero de la provincia para comprar el terreno que luego sería girado al IPV para que construya viviendas. Con la tasación en mano, Abarca pidió el dinero a la provincia y acordó cederle los retazos del terreno que no usarían, lo que quedó plasmado en un convenio con el ministerio de gobierno y el IPV de junio del 2006.
Hasta acá, todo bien. El problema surgió cuando comenzó el juicio de expropiación. Y en el proceso, la jueza a cargo volvió a consultar al Tribunal de Tasaciones para que le dijera cuánto cuesta el terreno. Gigantesca fue sorpresa cuando le cayó la respuesta el 28 de diciembre de 2007: justamente el día de los Santos Inocentes, el tribunal clavó la cifra en $2.322.247 y consideró a la parcela como un terreno urbano, por lo que pasó a tasarla en metros cuadrados y no en hectáreas.
Nuevamente la aclaración: el terreno es el mismo por el que dos años antes había fijado $430.000, y en ese tiempo no pudo haber pasado de rural a urbano como consecuencia de alguna sorpresiva corriente migratoria. Ni una línea empleó el tribunal en aludir a su anterior tasación sobre el mismo terreno, con criterios diametralmente opuestos. Como si se tratara de un agujero negro o de una ficción.
El escándalo fue ganando relieve con el tiempo. Porque el fallo del Noveno Civil y Comercial de este año debió atender el nuevo criterio del tribunal para fijar la sentencia: tomó los $2,3 millones, les fijó intereses desde el momento de la expropiación y llegó a la cifra de $5 millones por lo que a Abarca había pagado menos del 10% creyendo haber saldado el costo del terreno. La jueza le descontó los $430.000 que ya había pagado Abarca y también le sumó los intereses a esa cifra, por lo que le quedó un pequeño saldo de $4,3 millones de pesos de los que se tendrá que hacer cargo ahora.
Por eso el intendente salió desesperado a pedir auxilio. Si no tenía los $430.000 originales que creyó que costaba el terreno, mucho menos podrá disponer de los $4,3 que le faltan, en un terreno que ya está en manos del IPV y donde ya se pueden ver las primeras viviendas levantadas del plan de las 156 casas que serán construidas con una operatoria nacional.
El terreno ya fue expropiado, de eso no hay vueltas. Y ahora hay que pagar, el problema es quién deberá hacerlo. La expropiación está a nombre del municipio, y cualquier embargo sería contra Albardón. Pero el municipio no tiene la plata y le pidió a la provincia. Y la provincia quiere investigar y no dejar pasar el episodio en el que queda la impresión de haber sido víctima de una nueva maniobra increíble que saltó del cruce de datos en el IPV. No en Tribunales, como ocurrió con el resto de los casos sospechados de fraude al Estado con los precios inflados de las expropiaciones.
En el gobierno descartan que deberán hacerse cargo del problema generado por esta doble tasación, en la cual han quedado al medio las cuentas de un municipio. Lo que aún no deciden es cómo lo harán, descartada la posibilidad de poner la plata de inmediato, lo que supone convalidar una maniobra que están poniendo en duda. Seguramente, a Abarca le vendrán tiempos de mucho estrés.
Este caso fue el que decidió a la provincia a intervenir el Tribunal de Tasaciones sin más trámite. Ahora quieren saber si el episodio Albardón que se acaba de conocer fue una acción delictiva o un error mayúsculo. En cualquier caso, los que están en el ojo de la tormenta son los tres integrantes permanentes del tribunal, que acaban de sumar una nueva sospecha a la cadena de infortunios que se tramitaron en el organismo.
Las otras perlitas del tribunal
-Cuesta del Viento: en los terrenos expropiados por el dique venía tasando con un criterio y repentinamente cambió cuando ingresaron los expedientes más polémicos, a cargo del abogado Santiago Graffigna. En todos ellos, desapareció el acta de posesión –fecha a la que deben tasar- y no reclamaron otra copia sino tasaron a fecha actual, multiplicando el precio final de manera abismal.
-Parque de Mayo: Es la expropiación más cara de la historia provincial, por unos $1.500 millones. El tribunal no presentó su tasación porque quedó afuera en una maniobra con los tiempos. Sólo se tuvo en cuenta la tasación del perito de Graffigna.
-Canal Benavídez: Muy parecido a Parque de Mayo. El mismo juez, Carlos Macchi, dejó afuera la pericia del tribunal por considerarla extemporánea. La única pericia que valoró fue la del perito de Graffigna.
Graffigna recusó a Pagés, pero el juez se resiste
El abogado que lleva adelante la mayoría de los casos de expropiaciones bajo sospecha presentó una recusación con causa contra el camarista Roberto Pagés Lloveras, quien fue juez del Cuarto Civil en el que se tratamitaron algunos expedientes que están bajo la lupa de la investigación penal.
Pagés fue luego ascendido a camarista, pero su desempeño fue cuestionado por el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y ambos protagonizaron un picante debate en Radio Light sobre las eventuales responsabilidades del juez. Ahora apareció Graffigna en una causa que tiene elevada a la cámara que ocupa Pagés: es la causa “Basañes, Alberto Luis”, que ya tiene sentencia en primera instancia y ahora está en la cámara civil que integra Pagés. Y cuyo pago no está suspendido por la cautelar, como el resto de los expedientes sospechosos.
Graffigna lo recusó porque entiende que el juez ya emitió opinión sobre este tipo de pleitos y consigna que lo hizo en el citado debate con De Sancits y en una nota periodística. Y dice que hay “una incuestionable presión” de De Sanctis sobre él, “como una inadmisible complacencia para con esa parte del proceso y una animosidad” en su contra.
Pero el juez rechazó la recusación y dijo que “de ninguna manera mis manifestaciones constituyen un adelantamiento de juicio respecto de la causa citada, ni un juicio de valor que revele la existencia de un ánimo adverso”. Además, Pagés negó tener amistad, odio o resentimiento hacia Basáñes o su abogado Graffigna. Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si aparta o mantiene al magistrado.
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