Cruce entre la Corte y el Ejecutivo por la ley para proteger a testigos

Por Natalia Caballero

Hace tres años se sancionó la Ley de Protección de Testigos pero aún no se puede aplicar porque entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Gobierno se tiran la pelota. En la Corte dicen que el Ejecutivo nunca les derivó fondos para poner en marcha el sistema de protección y desde el Ministerio alegan que los cortistas nunca les solicitaron dichos recursos. 
“No se puede aplicar la legislación porque el Ministerio de Gobierno nos debería haber mandado el dinero y nunca hicieron efectiva tal transferencia”, dijo sin pelos en la lengua el cortista Adolfo Caballero. Es que para que la normativa se aplique se debe disponer de recursos para alquilar una casa y para contar con guardia policial las 24 horas del día. Incluso hasta se procede a cambiarle la identidad a los testigos en casos extremos.
Si bien las autoridades del Ministerio de Gobierno prefirieron callarse, por lo bajo una alta fuente de la cartera afirmó que la Corte nunca pidió el dinero, por eso no lo han transferido. Al mismo tiempo, alegó que los jueces de la Corte tampoco los convocaron para programar una reunión y ver cómo llevar a la práctica la normativa.
En el artículo tres de la legislación se estipula que el juez debe pedir la protección pertinente para el testigo. La normativa determina que la aplicación del  programa puede ser solicitada cuando la persona se encuentre ante un grave peligro, cuando haya un interés público trascendente en la investigación o cuando el aporte del testigo sea de suma importancia para esclarecer el hecho.
La Ley de Protección de Testigos tenía que aplicarse con la base de un programa, que debía ser diseñado por la Corte y el Ministerio en conjunto. Ese protocolo tampoco se hizo y ese paso previo es fundamental para aplicar la normativa según dijo la autora de la ley, la diputada basualdista Lucía Sánchez. Al mismo tiempo, la legisladora adelantó que solicitará en el recinto en las próximas semanas un pedido de informe para que las partes expliciten el por qué de la no puesta en marcha.

Otras provincias ya tienen ley

En Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut se aplica una ley de protección de testigos. En las cinco provincias la legislación es instrumentada en conjunto por la Justicia y el Ejecutivo.
En Mendoza se utilizó este programa en un caso resonante. Para capturar al “monstruo”, el hombre que violó durante 20 años a una de sus hijas y con quién tuvo siete hijos, se usó esta protección que permitió cuidar a la denunciante.