Tras ser acusados de robo, los empleados judiciales fueron suspendidos por la Corte de Justicia

Se trata de Juan José Gallardo (37) y Juan Pablo Albornoz (43), los empleados del Poder del Judicial que se sentaron este lunes frente al juez de Garantías, Matías Parrón, y fueron formalmente imputados por el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, por el delito de peculado en calidad de coautores (Art. 261 del Código Penal Argentino).

Por ser funcionarios públicos y haber utilizado bienes del Estado (tanto los equipos como la camioneta oficial) para beneficio propio, la calificación legal reviste una gravedad institucional significativa, por lo que las autoridades de justicia decidieron separar de sus cargos a los implicados, hasta tanto se resuelva la cuestión penal.

Al mismo tiempo, la sala de superintendencia de la Corte abrió un sumario administrativo para establecer qué fue lo que sucedió con los equipos y con el accionar de los trabajadores que negaron haber cometido un delito. Fuentes allegadas al máximo tribunal detallaron que el viernes, hubo una reunión en la que se dispusieron las actuaciones administrativas.

Para ello se remitieron informes de la Oficina de Patrimonio, lo mismo que la denuncia penal que había ingresado al Ministerio Público. De hecho, en la audiencia que tuvo lugar en la jornada, el propio fiscal Grassi solicitó al juez que notifique a la Corte sobre las medidas coercitivas que impiden a los acusados regresar a su lugar de trabajo, con el objetivo de no entorpecer el proceso.

Es que si bien los imputados quedaron en libertad, por determinación del magistrado, deberán presentarse periódicamente ante la justicia para mostrarse a derecho y tienen prohibido acercarse a los testigos del caso.

Cabe destacar que el sumario administrativo es una vía diferente a la penal, que inició su curso formal este lunes. No obstante, las consecuencias del proceso administrativo podrían culminar con el castigo máximo previsto que es el de la cesantía para un empleado público, en general. No obstante, la investigación interna avanzará por su cuenta y quedará pendiente de lo que suceda en el plano penal.

Para la causa penal, el juez Parrón dictaminó 8 meses de Investigación Penal Preparatoria y tiene por el momento a dos sujetos en la mira. No obstante, podrían haber más involucrados, puesto que hay un tercero que fue nombrado y que deberá dar las explicaciones pertinentes: Jorge Fernando Cataldo.

El hombre estaba prófugo y se entregó el domingo último. Los ya formalmente acusados apuntaron contra su persona y lo distinguieron como el cerebro detrás de las maniobras ilegales.