Robo de aires en el Poder Judicial: señalan al tercer sospechoso como el "cerebro" del plan y denuncian graves intimidaciones

De acuerdo con la cronología reconstruida por los investigadores, el jueves 7 de mayo fue una fecha clave. El registro de las cámaras de seguridad del edificio judicial captó un movimiento que hoy es una prueba central: Cataldo, Albornoz y Quiroga fueron filmados manteniendo una conversación sospechosa, precisamente al lado de los aires acondicionados que poco después desaparecerían.

Para el Ministerio Público Fiscal, compuesto por el fiscal Iván Grassi, Victoria Martín y Agustina Plateo, ese momento no fue casual, sino la instancia de coordinación final. Cataldo está acusado de haber planificado, impulsado e instigado la maniobra, movilizando a los otros dos coautores para que ejecutaran el retiro de los equipos.

La tensión comenzó a escalar rápidamente esa misma mañana. Los testimonios recogidos en el legajo judicial hunden la posición de Cataldo. La jefa del área involucrada declaró que, tras detectar irregularidades, se entrevistó con Albornoz, a quien notó "extremadamente nervioso". En ese momento de quiebre, el empleado habría confesado la verdad: “Cataldo me mandó a sacar esos aires”.

No fue el único que notó actitudes erráticas. Un testigo de apellido Gallardo manifestó haber visto a un Cataldo fuera de sí, insistiendo de manera reiterativa para que se comunicaran con Albornoz, en un aparente intento de controlar los daños o apurar la salida del material.

Uno de los puntos más oscuros de la acusación contra el abogado defensor de Cataldo -ejercida por Carlos Tores- es la presunta presión ejercida sobre el personal subalterno. Una empleada del sector prestó una declaración testimonial que resultó escalofriante para la instrucción.

Según su relato, Cataldo la abordó en varias ocasiones preguntándole insistentemente “qué estaba pasando”. El tono de la conversación pronto se volvió amenazante: “Me dijo que no hablara con nadie porque iba a mandar al frente a los compañeros”, declaró la mujer. La empleada manifestó ante la justicia sentirse “perseguida e intimidada”, describiendo un ambiente de hostigamiento directo por parte del sospechoso para evitar que la cadena de mando se enterara de lo sucedido.

Jorge Fernando Cataldo enfrenta ahora una calificación legal gravísima: coautor de peculado, un delito que castiga al funcionario público que se apropia de bienes cuya administración o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía fue tajante al solicitar medidas de coerción, argumentando que existe un elevado riesgo procesal. Los fundamentos se basan en dos pilares. El peligro de fuga, dada la gravedad de la pena en expectativa; y entorpecimiento de la investigación, basado fehacientemente en las actitudes intimidatorias ya demostradas hacia los testigos y empleados, lo que hace presumir que, en libertad, Cataldo podría influir en otros testimonios o destruir pruebas restantes.

Mientras Albornoz y Quiroga intentan despegarse alegando que solo seguían órdenes (según trascendió de la audiencia anterior del caso), la figura de Cataldo emerge como el eje de una trama de corrupción. El juez, Matías Parrón, le dictó la prisión preventiva de 30 días.