Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas

El proceso estará encabezado por el titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, y se llevará adelante en el edificio de Flagrancia, una sede atípica para los juicios de la Justicia de Menores. Allí será juzgado el joven identificado como N.M., quien era menor de edad al momento de la tragedia ocurrida el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesional, en Rivadavia.

La causa llega a juicio con una acusación particularmente grave: homicidio con dolo eventual. Esa calificación fue sostenida durante la investigación por la jueza María Julia Camus y será defendida en el debate por la fiscal Liliana Marinero. La defensa, encabezada por el abogado Nasser Uzair, buscará revertir esa figura penal y encuadrar el hecho en una imputación menos severa.

Sin embargo, más allá de la magnitud del caso y de la expectativa social que rodea al debate, el juicio no podrá ser presenciado por el público ni por la prensa. Tampoco participará la familia de la víctima como querellante, ya que el sistema especial no contempla intervención de querellas particulares, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, en el Sistema Acusatorio local.

La razón central de esa reserva radica en el régimen especial que rige para adolescentes en conflicto con la ley penal. En Argentina, y particularmente en San Juan, el Sistema Penal Juvenil establece limitaciones a la publicidad de las audiencias cuando el acusado era menor de edad al momento del hecho, incluso en delitos gravísimos como un homicidio con dolo eventual.

El fundamento jurídico de esa restricción surge de normas internacionales, leyes nacionales y principios constitucionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada con jerarquía constitucional en Argentina, dispone en su artículo 40 que debe respetarse plenamente la vida privada de niños y adolescentes “en todas las fases del procedimiento”.

En la misma línea, las reglas de Naciones Unidas -a las que adhiere el país- establecen que los procesos juveniles deben proteger la privacidad de los menores para evitar estigmatización y daños futuros derivados de la exposición pública.

A nivel nacional, rigen legislaciones como la Ley 26.061, que protege expresamente la intimidad, dignidad e identidad de menores involucrados en actuaciones judiciales. En su artículo 22 se restringe la difusión de información, imágenes o datos que permitan identificar a niños o adolescentes sometidos a procesos judiciales, lo que aplica directamente al caso de Lucía Rubiño.

En San Juan, aunque el Sistema Acusatorio establece como regla general la publicidad de las audiencias, en materia juvenil existen excepciones vinculadas al interés superior del niño, la confidencialidad y el resguardo de identidad. Por eso, es habitual que este tipo de debates se desarrollen sin acceso público, sin transmisión y con severas restricciones para la difusión de datos personales.

La lógica detrás de esas normas apunta a evitar la “estigmatización” temprana del adolescente sometido a proceso penal. Tanto organismos internacionales como tribunales nacionales sostienen que la exposición pública de menores acusados puede afectar su desarrollo, dificultar su reinserción social y generar una condena anticipada por parte de la sociedad.

El juicio que comenzará este miércoles contará con más de 20 testigos, aunque originalmente habían sido ofrecidas cerca de 70 personas. Tras acuerdos entre fiscalía y defensa, el número se redujo y se prevé que el debate se extienda durante unas diez audiencias, lo que llevaría a que el proceso dure un mes aproximadamente.