Los antecedentes de amenazas de bomba en San Juan en los últimos 12 meses, los insólitos audios y las condenas

El primer antecedente en los últimos doce meses tuvo como epicentro a la sede central del Registro Civil. Ocurrió duante la mañana del 7 de agosto, cuando un joven amenazó entre risas: "Tengo una bomba acá en el Registro Civil". Por este motivo, desalojaron el edificio ubicado en calle Santa Fe entre Mendoza y Entre Ríos.

Dicha investigación estuvo a cargo del fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem. En primera instancia localizaron a una adolescente de 17 años, a quien pertenecía la línea del teléfono celular. Inmediatamente informó a la justicia que se trataba del teléfono de su novio, otro joven de la misma edad. Luego dieron con el paradero del sospechoso en el interior del Barrio René Favaloro -Chimbas-. La edad del joven definió que la jueza Gloria Verónica Chicón derivara el caso al juez de Menores, Jorge Toro.

El posterior caso sucedió en la tarde del jueves 3 de octubre. A las 15 horas, ingresó un llamado de una amenaza de una bomba en las instalaciones del Centro Cívico y generó pánico en los empleados de la administración pública. Sin embargo, no hubo peligro real y después del operativo de la Policía de San Juan, todo volvió a la normalidad a las 17.30.

Posteriormente se filtró el audio de la amenaza. "Hola cómo andan. Mire, le llamo para decirle que acabo de instalar una bomba en el Centro Cívico", arrancó el interlocutor dando aviso. Luego justificó: "Porque tenía ganas de hacer algo". Además, pidió $5.000.000 para generar caos en el edificio.

El domingo 6 de octubre se conocieron más novedades. El responsable fue identificado como Wemer Nair Salem Gasque -de 19 años- y estaba en su casa de Angaco cuando fue detenido. Doce días después, fue condenado a dos años de prisión condicional, luego de que su defensa técnica acordara el castigo con la fiscalía.

La amenaza ocasionada por el joven angaquero movilizó un operativo de 300 personas y costó más de dos millones de pesos, según lo informado por la Secretaría de Seguridad. La amenaza ocasionada por el joven angaquero movilizó un operativo de 300 personas y costó más de dos millones de pesos, según lo informado por la Secretaría de Seguridad.

El tercer caso también afectó al Centro Cívico. Ya en 2025, más exactamente el 7 de marzo, el CISEM 911 recibió una inquietante llamada en horas del mediodía. Según informaron, un hombre alertaba sobre la presencia de una supuesta bomba en el inmueble de avenida Libertador.

En la mañana del día siguiente, y bajo la supervisión de la UFI Genérica y por orden del juez interviniente, se realizaron allanamientos en dos viviendas: una en el Rawson, en el Barrio Malvinas Argentinas, y otra en Pocito, en el Barrio Pampa. Los procedimientos resultaron en el secuestro de tres teléfonos celulares y varias tarjetas SIM, así como en la detención de dos personas adultas: Emanuel Lucero y Mariela Gómez. El 18 de marzo pasado, el hombre fue condenado a dos años de prisión y Gómez -esposa del imputado- quedó sobreseída.

Lucero había salido del Penal de Chimbas el pasado 28 de febrero. Lucero había salido del Penal de Chimbas el pasado 28 de febrero.

Uno de los casos más recientes pasó hace pocas horas. Sucedió en el Hospital Rawson durante el último martes 4 de junio. La amenaza de bomba generó preocupación en el nosocomio central de la provincia. Posteriormente, la Policía dio con la presunta autora del llamado al 911 que desató todo el caos, por un peligro que resultó ser falso. Y lo que llamó la atención es que los pesquisas detuvieron a la bioquímica Rosario Cortés Zmutt -30 años-, que trabaja en el centro de salud como residente. "El llamado refería a la existencia de una bomba. Decía que iba gente del Ministerio y que habían puesto una bomba en el hospital", precisó el fiscal de Flagrancia Ignacio Achem sobre la comunicación de 8 segundos, en diálogo con Radio Sarmiento.

Cortés fue detenida y demorada durante todo el curso del resguardo de la evidencia. Fue liberada este martes alrededor de las 20 pero la causa sigue su curso y enfrenta la sospecha de ser autora del llamado, lo que se caratula como "intimidación pública" con penas de 2 a 6 años de prisión solo considerando el llamado, es decir que podría recaerle una pena de prisión efectiva si se comprueba que fue ella.

El último caso y el pánico por la denominación de la escuela

Fuentes judiciales indicaron a este diario que el llamado fue emitido por una menor de edad. Además, informaron que la chica habló sobre una amenaza de bomba en la escuela Antonio Torres -ubicada en calle General Acha entre Santa Fe y Córdoba, Capital-.

En primer lugar, el protocolo fue activado en dicha escuela de Capital. Luego trascendió que el llamado amenazante había sido para la escuela “Antonio de la Torre”, ubicada en el barrio La Estación, en Rawson, por lo que también se desarrolló el operativo allí. Posteriormente, se conoció que también evacuaron la escuela “Antonio de la Torre” ubicada en España y Martí, de Rawson.

Como consecuencia, Bomberos y la Policía de San Juan, bajo directivas de la UFI Genérica, ordenaron la evacuación de todos establecimientos involucrados.