Liberaron al comerciante caucetero acusado de violar y prostituir a su propia hija

El comerciante procesado recuperó la libertad este mismo jueves 22 de diciembre de 2022. La orden la dio el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, luego de aceptar la caución real que fijó y que el acusado y el abogado Nicolás Fiorentino -el defensor- cumplió a raja tabla: pusieron como fianza un colectivo Mercedes Benz para cubrir el monto exigido.

Esta persona se encontraba detenida desde el 5 de noviembre de 2019. Fue después de que su propia hija –ya mayor de edad- denunciara que éste la sometió a todo tipo ultrajes desde que entró a la adolescencia. Aseguró que el comerciante abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años y la entregó como objeto sexual a otros hombres conocidos de Caucete, a cambio de favores políticos o negocios.

El comerciante fue funcionario municipal en la gestión del exintendente Julián Gil en Caucete. La causa pasó por un par de juzgados, hasta que finalmente el juez Adárvez lo procesó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo.

El tiempo pasó y el empresario estuvo dos años preso en el Servicio Penitenciario Provincial. Ante eso, el juez extendió la prisión preventiva por otro año más, dado que amplió la investigación a partir de la sospecha de que el hombre la obligó a la joven a abortar. Por este hecho, también fue procesado, aunque la defensa sigue insistiendo que todo es un invento de la presunta víctima.

Durante su estadía en la cárcel, el acusado denunció que sufrió una feroz golpiza y recibió amenazas de muerte. Lo cierto es que, en noviembre último, se cumplieron tres años de detención y su abogado pidió su liberación en razón de que ya se habían vencido los plazos procesales. La Constitución Nacional y el Código Penal establece que una persona no puede permanecer encarcelada sin juicio previo más de dos años. A lo sumo, esa medida cautelar puede extenderse un año más sólo en caso excepcionales, tal como sucedió en este caso.

El juez Adárvez no podía retener más al procesado en la cárcel, fue así que fijó una caución real de 4 millones de pesos, según fuentes judiciales. La defensa puso a disposición un colectivo y con eso destrabó el trámite. Y este jueves el magistrado ordenó la libertad del comerciante, con la condición de que no puede acercarse ni tomar contacto con la presunta víctima.