Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia

La presentación, que configura la acción colectiva más grande registrada hasta el momento por la dependencia del Estado provincial, advierte dos irregularidades que pudieron ser sistematizadas y quedaron bajo la lupa del organismo. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que alcanzaron los cinco meses en los casos más graves, por los que los clientes pagaron cifras que parten desde los 1.200.000 pesos en adelante, en algunos casos al contado. Y por otro lado, un 10% de los casos denunciados corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impide o demora el patentamiento por parte de los titulares.

Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banegas, sindicados como responsables directos, tendrán la oportunidad de brindar explicaciones y ofrecer una solución en la audiencia prevista. Desde el entorno de los damnificados aseguran que hay expectativas respecto de posibles propuestas de solución. En comunicación con Tiempo de San Juan, Fabiana Carrizo titular de la dependencia, aseguró: “Vamos a actuar como lo indica la ley”, a la espera de que los tres empresarios señalados se presenten, cuyos nombres derivan de los CUIT que figuran en los contratos.

En este sentido, no descartó la aplicación de medidas severas, como multas, en caso de que los citados no se presenten. De ocurrir así, será interpretado como una reticencia a colaborar con el proceso de conciliación y se avanzará con sanciones económicas ejemplares, que se definirán si el diálogo fracasa en la reunión del viernes. Según manifestó la entrevistada, el expediente resultante podría ser sumado a los elementos de convicción a la investigación de la Justicia.

El organismo pretende avanzar en soluciones por la vía civil, lo que no incide la investigación penal que inició el fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Guillermo Heredia, y que ahora es subrogada por Eduardo Gallastegui.

Denuncia en la Justicia: una causa y dos locales allanados

“Son los mismos dueños”, confirmaron fuentes judiciales a este medio al ser consultadas por el reciente allanamiento de la empresa Emmebe Motos, situada en Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. El procedimiento, que se conoció el pasado 28 de enero y habría sucedido en la jornada anterior, también está encuadrado bajo la misma causa penal, a priori, por presunta estafa (que acumula 150 denuncias). La cifra va en aumento en virtud de las denuncias registradas en las comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.

En el lugar se secuestraron dos motocicletas, teléfonos celulares y documentación, que sería esencial para echar luz a la investigación, la que se maneja con total hermetismo. Se trata del segundo operativo en locales comerciales por el caso.

El primero fue el pasado 21 de enero por la noche con el mismo carácter se retuvo teléfonos y documentación a fin de poder reunir elementos de convicción que permitan formalizar la causa. Las instalaciones de Branka Motors, en la esquina de 25 de Mayo y avenida Rioja, ya habían sido cerradas por cuestiones de seguridad y permanecieron con custodia policial desde el lunes 19 de enero, cuando una multitud llegó al lugar reclamando por sus vehículos.

Previo a esto, el mismo día por la mañana, la firma comunicó a través de sus redes sociales que sus operaciones se encontraban pausadas.

El caso policial atípico que destapó la olla

El caso explotó el pasado viernes 16 de enero como un atípico episodio policial, cuando un comprador retiró por la fuerza una motocicleta del local, aunque tenía papeles de compraventa. Su posterior detención destapó la olla. Al lunes siguiente, a las puertas de la concesionaria llegó una multitud pidiendo por sus vehículos.

Se trata de Juan Díaz, quien permaneció detenido durante ese el fin de semana y hasta las primeras horas de la mañana del lunes, cuando aún se desarrollaban las protestas. El hombre había abonado una moto cuyo valor rondaba los 1.200.000 pesos y, al momento de la compra, le aseguraron que en un plazo de 20 días le entregarían la unidad junto con la documentación correspondiente.

Cumplido ese plazo, Díaz se presentó en el local para retirar lo adquirido, pero le informaron que debía seguir esperando porque ni la moto ni los papeles estaban disponibles. Ante su reclamo, solicitó la devolución del dinero, pero le respondieron que no podían reintegrarle el monto porque la documentación ya estaba “en curso”.

En un acto de justicia por mano propia, el hombre tomó otra motocicleta del local como forma de resarcimiento, lo que derivó en una denuncia en su contra y su aprehensión en una causa que tramitó en Flagrancia.

La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Miguel Gay. La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, con la obligación de realizar 40 horas de trabajo no remunerado, una reparación simbólica de 10.000 pesos y el cumplimiento de pautas de conducta.