Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

La denunciante aseguró que la nueva presentación incorpora un planteo aún más grave. Sostiene que el titular del Juzgado Comercial habría violado la Constitución Nacional al anular los asientos registrales del inmueble que pertenece a la cooperativa que representa. “Hoy día he presentado una ampliación de la denuncia donde yo lo denuncio al juez por violación a la Constitución nacional. Violó el artículo 18 de la Constitución, que es el derecho a defensa, es decir, a nosotros, a la cooperativa, nunca nos comunicó nada”, afirmó.

Según Ledesma, el conflicto se arrastra desde hace más de dos décadas y tiene como eje un terreno ubicado detrás del Hiper Libertad que, afirma, pertenece legítimamente a la cooperativa. “Durante 20 años, el juez intentó proceder a la subasta del bien que es la garantía nuestra de la cooperativa en una quiebra ajena a nosotros para pagar deudas ajenas a nosotros también”, sostuvo. Además, calificó como “muy grave” la presunta decisión judicial de anular la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, donde figuraba a nombre de la entidad.

La mujer también remarcó que el terreno estuvo vinculado a la quiebra de una empresa constructora sólo por un breve período en los años 90 y que luego fue restituido. “El inmueble fue devuelto a la cooperativa en el año 2000. O sea, que desde el año 2000 a la fecha son 26 años que el inmueble ha estado con su propietario, como corresponde, con escritura, con todo”, aseguró. En ese sentido, advirtió que si la anulación del asiento registral se mantiene vigente podría generar un antecedente peligroso. “Sienta jurisprudencia a nivel nacional de que cualquier juez pueda anular los asientos y los registros, y vuelve la propiedad al propietario anterior, por más que vos hayas pagado y tengas la escritura”, expresó.

La ampliación de la denuncia se suma a la presentación original que Ledesma había realizado el 3 de noviembre de 2025 contra el juez Javier Antonio Vázquez, el procurador Francisco Bataller y otros involucrados, por presuntos delitos de estafa procesal, abuso de autoridad, prevaricato y defraudación en grado de tentativa. La denunciante actuó en su carácter de cesionaria de derechos de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 5 de Diciembre, entidad que —según afirma— es la legítima propietaria del inmueble en disputa.

De acuerdo con la acusación, el conflicto se originó en la quiebra de Pahome S.A., abierta en 1995, y la denunciante sostiene que el magistrado habría impulsado medidas para intentar subastar el terreno con el objetivo de cubrir deudas de esa causa. El punto más delicado, según Ledesma, ocurrió recientemente cuando se habría promovido una resolución para anular los asientos registrales del inmueble, lo que permitiría retroceder el estado registral y facilitar su venta.

Cuando se radicó la denuncia, el fiscal Francisco Micheltorena confirmó que la denuncia se hallaba bajo análisis. Explicó que la fiscalía evaluaba si existía mérito suficiente para avanzar formalmente con la investigación, ya que en casos vinculados a procesos de quiebra pueden existir situaciones excepcionales que habiliten determinadas medidas judiciales.

Por ahora, la causa -que pasó a manos del fiscal Roberto Ginsberg, tras el traspaso de Micheltorena a Flagrancia- sigue en etapa preliminar y a la espera de una definición. Cabe recordar que los plazos son de 90 días iniciales, prorrogables por otros 90 días, si es que así el investigador lo define.