El escándalo por las presuntas estafas en la venta de motos, que tiene en el ojo de la tormenta a la concesionaria Branka Motors, sumó este viernes un nuevo capítulo, cuando un grupo de al menos 20 presuntos damnificados volvió a concentrarse en las puertas del Palacio de Tribunales en busca de respuestas ante la falta de entrega de los vehículos y pidió hablar con el fiscal de la causa.
Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales
Un grupo de al menos 20 presuntos damnificados volvió a concentrarse en las puertas del Justicia en busca de respuestas ante la falta de entrega de los vehículos. El fiscal del caso dio declaraciones a la prensa, pero evitó dar detalles de la investigación que tiene 120 denuncias.
Por el momento, la concesionaria acumula alrededor de 120 denuncias en su contra y tres nombres quedaron expuestos en las redes: Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banegas. Sin embargo, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales de que estas personas sean los verdaderos dueños de la firma sañalada.
Tiempo de San Juan confirmó que hay programadas hasta 12 entrevistas por día hasta febrero para clientes que no recibieron sus motos y los investigadores aguardan por los números finales de las exposiciones hechas en comisarías.
Cabe recordar que la consecionaria pausó su operaciones y el miércoles por la noche el local fue allanado en busca de pruebas y elementos de convicción que permitan avanzar en la formalización de la causa.
En los pasillos de la Casa de Justicia, el fiscal Guillermo Heredia brindó declaraciones a la prensa, aunque evitó dar mayores precisiones para resguardar el proceso judicial, que aún se encuentra en plena etapa de investigación. “Se está trabajando en el legajo, tomando las medidas que entendemos necesarias y pertinentes para avanzar con la investigación del caso”, señaló.
En ese sentido, agregó: “En este momento el legajo está reservado, justamente para garantizar el resultado de las medidas que estamos llevando adelante. Estamos analizando toda la evidencia y tratando de sistematizar la enorme cantidad de información que está llegando a la fiscalía”. Al mismo tiempo, ratificó que "hay más de un centenar" de afectados.
Consultado sobre las denuncias realizadas ante Defensa del Consumidor, el fiscal fue tajante al aclarar que no influyen en la investigación penal. “No tienen ninguna incidencia. Si se formaliza la investigación penal, no vamos a estar hablando de un acto civil válido, sino de una posible defraudación”, explicó. Por esto, el quipo de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos deberá definir si los hechos encuadran en un delito o si se trata de un conflicto contractual que deba resolverse por la vía civil.
“Esa decisión todavía no se ha tomado. Estamos en etapa de análisis para determinar si existió un delito o no en los hechos denunciados”, cerró Heredia. El reprsentante del Ministerio Público Fiscal aseguró que las medidas continúan en marcha y que sus resultados se mantienen bajo reserva.
Nuevo reclamo en las puertas de Tribunales
En la mañana de este viernes, este medio dialogó con Emanuel Bravo, uno de los damnificados que se acercó a Tribunales para seguir de cerca el avance de la causa. El hombre relató que compró una moto de contado por 2.000.000 de pesos el pasado 15 de diciembre y que, desde entonces, no volvió a tener respuestas. “Nos juntamos con un grupo de personas que fuimos estafadas y decidimos venir a Tribunales para saber cómo va la causa. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta concreta”, expresó.
Bravo describió un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de información oficial. “No sabemos si hay detenidos, si hay culpables, si nos van a devolver la plata o si nos van a entregar la moto. No nos dicen nada. Hay mucha calentura, pero sobre todo mucha incertidumbre. No sabemos para dónde correr ni a quién reclamar”, señaló, visiblemente molesto.
Pese a las demoras, el damnificado aseguró que el grupo mantendrá la protesta y el reclamo. “Sabemos que la Justicia en San Juan es lenta, pero tenemos fe y confianza en que va a favorecer a la clase trabajadora. Vamos a seguir plantados y en la lucha hasta que esto se resuelva: o nos devuelven el dinero, o nos entregan la movilidad, o el responsable tiene que ir preso”, afirmó el entrevistado.
Uno de los principales reclamos de los manifestantes fue la falta de claridad sobre quiénes son los verdaderos responsables. “No sabemos quién es el dueño”, sostuvo Bravo, aunque también cargó contra quienes serían los vendedores cuyos nombres quedaron expuestos: “A ellos les dimos la plata. Si no hay detenidos, ellos tendrían que ser los primeros en estar presos”, concluyó.