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SUSCRIBITE El viernes último estalló una bomba en STOTAC, después de que cuatro familias denunciaran en la Justicia Penal que habían sido estafadas por el gremio con casas (que financia el IPV) que habrían pagado, pero que nunca recibieron. La acusación por presunta defraudación se radicó en la Fiscalía Nº2 y por ello desde esa dependencia analizan si existen indicios delictivos para investigar o no.
Fuentes allegadas comentaron a este diario que si bien la denuncia fue recibida en el fuero penal en las últimas 48 horas hábiles, todavía no se ha conformado una causa propiamente dicha en la Justicia. En ese sentido, explicaron que por el momento se está recabando la mayor información posible para conformar un escenario y resolver si corresponde o no hacer una presentación al juzgado de instrucción de turno.
En ese marco, voceros judiciales indicaron que habría dos posibilidades, es decir dos caminos a seguir. Una vía a tomar es la continuidad en el ámbito penal, ante una sospecha de comisión de delito por parte del sindicato denunciado. La otra es descartar la sospecha de ilícito y que la irregularidad -si es que la hubiere- sea contractual. En este último caso, la disputa entre las partes (denunciantes y denunciados) seguiría en la Justicia Civil.
Representados por los abogados Leonardo Miranda y Eduardo Salazar, los denunciantes aseguraron que a pesar de haber pagado durante años una carpeta para conseguir su casa propia a través del gremio de los camioneros, ni siquiera están registrados en el Instituto Provincial de la Vivienda. "Sabemos que el IPV no tiene ninguna responsabilidad sobre esto, que ellos reciben un listado con los nombres de los adjudicatarios y en función de ello se organizan para la entrega", indicó el Dr. Salazar.
Por su parte, desde STOTAC aún no se han pronunciado sobre el tema a pesar de haber sido consultados por este medio. El titular del gremio, Ricardo Cardozo, prefirió mantenerse en silencio. Su última aparición fue el mismo viernes por la mañana, cuando participó de la entrega de viviendas del barrio STOTAC II en Rawson.
Los denunciantes aseguraron a este diario que desde el sindicato no le ofrecieron ningún tipo de explicación, pese a los intentos de averiguar sobre sus situaciones personales. Según aseveraron, hubo cartas documentos y cartas notariales que no fueron contestadas y por ello acudieron a la Justicia.