Después de haber sido denunciado anónimamente por violar la cuarentena y luego de que en su taller textil se desplegara un operativo policial que se replicó en otras dos empresas -Maxi Brant y Zoberano-, el único empresario que sostuvo su inocencia hasta las últimas instancias, Sergio Vallejo, finalmente fue condenado por la justicia de Flagrancia.
El empresario sanjuanino que dijo que era inocente fue condenado por la justicia
A diferencia de los otros dos representantes de las firmas, Isaías Brant y Jorge Fabián Zukerman -supervisor en la firma, propiedad de Ángel Zoberman-, que acordaron una pena de 8 meses de prisión condicional en un juicio abreviado, Vallejo se sometió al juicio oral y público que terminó con una sentencia en su contra.
Por no encontrarse dentro de las actividades exceptuadas, el empresario fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión condicional y obligado a pagar 80 mil pesos en concepto de costas, un castigo mayor al que recibieron los otros dos sujetos que cayeron tras el operativo en el que participaron la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de la Producción, representantes del sindicato de Comercio y efectivos policiales y judiciales.
Es que Brant acordó pagar 10 mil pesos para cubrir los gastos del proceso y donó 40 mil pesos al Hospital Rawson, mientras que la cara visible de Zoberano -Zukerman- aceptó pagar 50 mil pesos de costas.
En los alegatos del juicio contra Vallejo, la Fiscalía había solicitado al juez una pena de 2 años de prisión en suspenso por considerarlo responsable de infringir el Arículo 205 del Código Penal, como así también de la comisión de resistencia a la autoridad, falsedad documental e ideológica. Por su parte, la defensa encarnada por Martín Turcumán había pedido la absolución de todas las figuras que se lo acusaba.
Sin embargo, el juez Federico Rodríguez le bajó la condena por violar la cuarentena y por resistencia a la autoridad, mientras que lo absolvió de los otros dos delitos.
Finalmente, la decisión del magistrado de Flagrancia fue la de encontrarlo culpable de romper el aislamiento social obligatorio por no estar exceptuado de la libre circulación y responsable de poner en peligro la salud de sus empleados, al menos de unos 30 operarios que se hallaban en el interior de la fábrica cuando se realizó el allanamiento de la policía.
El propietario de Zonda Safety Gear manifestó su descontento al terminar la audiencia. Se diferenció de los otros dos condenados, aludiendo su estado de industrial y sostuvo que su situación, es decir su detención y ahora la condena, ha despertado cierta preocupación en el sector.