Estafa a la Caja MOB: el pedido de un imputado genera gran descontento en algunos sectores

Carchano junto al odontólogo Luis Minin, el supuesto comisionista Walter Omar Orellano y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández, con participación principal, están sospechados de ese delito por haber comprado un terreno en Santa Lucía por 260.000 dólares y haberlo facturado en 1 millón de dólares a la Caja MOB, institución a la que pertenecían como integrantes de una comisión de terrenos para la construcción de un barrio.

Carchano fue la escribana que adulteró las actas en el banco cuando se hizo el pago de 260.000 dólares a los hermanos Cosentino. También le hizo otorgar un poder irrevocable al supuesto comisionista, Orellano.

La imputada ofrece trabajos comunitarios para frenar el juicio y el pedido generó un gran descontento en algunos sectores, según informaron fuentes judiciales, y por ello desde las nuevas autoridades que conducen la Caja MOB publicarán una solicitada en rechazo al beneficio que podría recibir, argumentando su malestar. 

Es que si en la Sala III de la Cámara Penal le otorgan el beneficio, Carchano -que ya se encuentra excarcelada- haría tareas comunitarias y concretaría una reparación de dinero simbólica. En ese sentido, no registraría ningún tipo de antecedente penal y, lo más preocupante, conservaría el registro para continuar ejerciendo como escribana. 

Según reza el artículo 76 bis del Código Penal Argentino, "al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente".

A pesar de la "apariencia legal" en cuanto a la resolución de su situación procesal, sostienen que se estaría dando un mensaje erróneo a la sociedad que no es legítimo: "estafar y quedar impune". Acorde a lo que explican quienes están en contra del beneficio que pueda recibir Carchano, en su rol de escribana como alguien que debe dar fe sobre cuestiones legales, resulta peligroso que continúe ejerciendo teniendo en cuenta su historial. 

En los próximos días, la Cámara Penal deberá resolver este incidente y definir si Carchano se suma a los otros tres que van a juicio y que enfrentarán al tribunal de la Sala III compuesto por los  jueces Eugenio Barbera, Graciela del Pie y Ernesto Kerman. Los dos primeros juicios son de la Sala Tercera y el tercero de la Sala Segunda, debido a que el juez Maximiliano Blejman, de la Sala Tercera, intervino en la investigación y ahora ya no puede hacer el juicio. El fiscal será Eduardo Mallea.     

De lo simbólico a lo real

Si a Carchano le conceden el pedido de suspensión del juicio a prueba, se fijaría una suma simbólica a modo de reparación y la parte damnificada, en este caso la Caja MOB, podrá aceptar o no la reparación ofrecida. Que sea bien recibida resulta complejo porque desde allí surge la molestia por la solicitud. 

Por más buena voluntad que existiera en cuanto al monto que podría ser reparador, no se acercaría ni un poco al dinero que se denunció por la estafa, de más de un millón de dólares. Actualmente, en pesos argentinos serían más de 50 millones (50.700.000). 

El inicio del escándalo

La estafa consistió en hacerle pagar a la Caja MOB 1,3 millones de dólares por los terrenos, cuando en realidad al dueño del mismo se lo compraron por 260.000 dólares, provocando así un perjuicio económico de un millón de dólares a todos los médicos, odontólogos y bioquímicos que mantienen con sus aportes las finanzas de su caja previsional.

El caso se descubrió por casualidad. Después de realizada la operación, uno de los hermanos Cosentino se hizo atender por un médico que en ese momento era el presidente de la Caja MOB. Éste le comentó que presidía la institución que les había comprado el terreno de Santa Lucía en 1,3 millones de dólares. Y Cosentino le aclaró que habían sido 260.000 dólares. Así saltó a la luz la estafa.