Una nueva causa en contra sumó el empresario bolichero, Diego Uñates, también acusado penalmente por violencia de género, después de que la Corte de Justicia ratificara la competencia del Primer Juzgado de Instrucción para que lo investigue por insolvencia fraudulenta por no pagar la cuota alimentaria correspondiente.
El acusado por violencia de género, que permanece detenido después de que la Sala III de la Cámara Penal ratificara el procesamiento con prisión preventiva por desobediencia judicial, tiene una deuda cercana de más de 83 mil pesos por cuota alimentaria para sus dos hijos de 9 y 10 años, según informaron fuentes judiciales.
Es que una sentencia del Juzgado de Familia lo obligó a depositar 2 mil pesos mensuales, sin embargo el abogado de su ex pareja presentó un informe que detallaba la deuda desde febrero de 2015 hasta marzo de 2018. Durante ese tiempo, 36 meses, abonó apenas 20 mil pesos cuando debió hacerlo por 72 mil, es decir que para cubrir sus necesidades básicas como son alimentos, vivienda, educación y obra sociales, entre otros, les depositó 277 pesos a cada uno de sus hijos.
Años atrás, Uñates se había declarado insolvente para solicitar la disminución de la cuota alimentaria pues argumentaba que se encontraba desempleado, a pesar de que públicamente admitiera ser el propietario de un café y un boliche al menos.
Ahora será el juez Benito Ortíz quien investigará si el sujeto que ya suma 10 causas en contra cometió un delito tipificado en el Código Penal Argentino, en su artículo 173, poniendo propiedades a nombre de amigos y familiares, como se sospecha. En los próximos días, la causa que ya bajó al juzgado tendrá curso y comenzará su instrucción con la conformación de las partes, la producción de pruebas, como así también las declaraciones testimoniales.
El acusado ya tiene una causa elevada a juicio por lesiones leves contra su ex mujer, que tuvo investigación en el Quinto Juzgado Correccional, la que se espera que su fecha de inicio de debate sea fijada. Otros expedientes que presenta en la justicia son por desobedecer la restricción perimetral -cuyo procesamiento con prisión preventiva avaló la Sala III de la Cámara Penal- del Primer Juzgado Correccional, otro procesamiento en el Segundo Juzgado Correccional también por violación de la medida cautelar y otro por amenazas agravadas en perjuicio del abogado Gabriel Sanz.