El abogado de la Amarok robada ya está litigando

La duda es legítima si se tiene en cuenta que el letrado recuperó la libertad hace dos semanas, después de haber quedado legalmente vinculado al robo de una camioneta a un bioquímico de Rawson en una investigación con final aún abierto y en el que no se descarta que se trate de una banda que traficaba y comercializaba vehículos robados entre San Juan, La Rioja y Catamarca.

Gustavo Vila estuvo 13 días preso y fue excarcelado el jueves 19 de mayo último. Fue después de que el juez Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción, le imputara el delito de participación secundaria en robo agravado con uso de arma de fuego. 

Pero esa no es la única causa penal que tiene pendiente el abogado Vila para con la Justicia: tras la detención también le saltaron causas en otros juzgados. Una de ellas es porque, además de la camioneta robada, también tenía en su poder una moto Yamaha FZ 200 que había sido adquirida mediante una estafa en un comercio.

La camioneta Volkswagen Amarok había sido robada a un bioquímico de apellido Camenforte en Villa Krause, en momentos que trabajaba en un centro de salud privado y fue atacado por unos sujetos armados.

El hijo del bioquímico armó una fuerte campaña en las redes sociales con una foto de la camioneta robada. Los investigadores creen que eso pudo haber frenado la venta ilegal de la camioneta.

Lo cierto es que los policías de Robos y Hurtos la hallaron en la casa del abogado Vila; tapada; con la patente y las gomas cambiadas. Al allanar la casa, también ubicada en Rawson, encontraron la moto que era buscada por la Policía y un revólver sin papeles.

Días después la Policía realizó detenciones de supuestos reducidores y ladrones que podrían llegar a probar la existencia de una banda organizada para robar vehículos en San Juan y venderlos en La Rioja y Catamarca, y viceversa.

Por una cuestión de imagen ante la sociedad, la detención del abogado Vila caló hondo entre los abogados. Sin embargo, nadie hizo alguna presentación ante el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados para que intervenga y diga si la imputación en el robo del vehículo debería o no afectar el ejercicio de la abogacía, al menos hasta que se esclarezca el caso.

La posición que reina es la de, ante la duda, que siga ejerciendo la profesión.

Desde el Tribunal de Disciplina dudan que los abogados que se molestaron con la presencia del abogado Vila en Tribunales se sientan damnificados socialmente: "Si están tan molestos, cualquiera podría haber hecho una presentación para pedir la intervención del Tribunal de Disciplina”, aseguraron en ese órgano.

Los abogados reaccionaron y comentaron que "el Tribunal de Disciplina puede actuar de oficio y no lo hizo”.

Lo cual también es cierto. Para que se abra una actuación para juzgar la ética de un abogado debe haber una denuncia de algún damnificado ante el Tribunal de Disciplina; la información de algún juez poniendo en conocimiento al Tribunal sobre la actuación del abogado en cuestión o la intervención de oficio del Tribunal de Disciplina.

En el caso de Vila, no se dio ninguna de las tres situaciones.

"Aún es muy pronto para que desde el juzgado se informe sobre la conducta del abogado en la causa judicial. Hay que tener en cuenta que fue imputado y excarcelado y la causa está en plena investigación”, aseguró una alta fuente judicial.

Un experimentado integrante del Tribunal de Disciplina, Guillermo Horacio Videla, explicó que "excepcionalmente el Tribunal actúa de oficio. Y éste no es el caso”. 

El abogado Horacio Merino es uno de los tantos abogados que el Tribunal de Disciplina sancionó con la suspensión de la matrícula. Lo que llamó la atención fue que lo hicieron en un caso en donde, judicialmente, ni siquiera el abogado fue indagado ni mucho menos imputado de algún delito penal. En ese caso, sí hubo una denuncia de una mujer que dijo haberse sentido damnificada por el rol del profesional. 

El abogado Santiago Graffigna es uno los tantos abogados que el Tribunal de Disciplina nunca investigó éticamente, a pesar de tener múltiples procesamientos en su contra por el mega escándalo de las expropiaciones. Incluso el letrado llegó a estar preso tres años, el máximo de tiempo legal sin un juicio, por lo que debió ser excarcelado hasta que se le haga un juicio. En ese caso, el Tribunal de Disciplina dijo que no había un delito probado.