Un caso parecido al de Ponce pero con un final muy distinto

Mientras la detención del ex Jefe de Inteligencia sacudía a la Provincia, al verse envuelto en un escándalo sexual, en forma silenciosa se desarrollaba otro caso de abuso muy parecido entre policías. Pero el final fue muy distinto: después de tres en prisión, el supuesto abusador zafó.

El caso del comisario general Isidro Ponce se precipitó con su renuncia inesperada, debido a que asumió en el cargo en diciembre y en abril lo habían ascendido de comisario inspector a comisario general. Dos días después se conoció que había una denuncia gravísima en su contra: abuso sexual gravemente ultrajante.

La había hecho una mujer policía en enero y trascendió en los últimos días cuando los estudios psicológicos confirmaron que la uniformada no mentía ni fabulaba. Días después, el comisario general Ponce se entregaba al Tercer Juzgado de Instrucción. Y a la semana siguiente lo procesaron con prisión preventiva.

En paralelo se desarrollaba un caso similar del que nadie hablaba.

Los protagonistas también son dos policías, pero ambos con el rango de Agente. Ella, O.C.T., lo denunció a él, I.R.V. Lo hizo en la Comisaría de la Mujer y el supuesto delito es gravísimo: abuso sexual con acceso carnal reiterado, provocación de un aborto y coacción.

La denuncia fue hecha el 17 de marzo último. Pero los hechos se habrían producido en el 2013. Como en el caso de la supuesta víctima del comisario general Ponce, también en este caso la agente O.C.T. dijo que no denunció antes por temor.

Al día siguiente de la denuncia, I.R.V. cayó preso cuando lo fueron a buscar a su casa. En ese momento no estaba porque había ido a la ART por una licencia que tenía por un problema en un pie en su entrenamiento para una fuerza especial de la Policía. Le llamaron por teléfono y se entregó voluntariamente.

Desde entonces y hasta el 3 de junio último, el agente I.R.V. estuvo preso. Pero ese día el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, se hizo eco del planteo del ministerio público y le dictó falta de mérito al policía sobre los delitos más graves que le pesaban: el de abuso sexual y aborto.

Pero lo procesó por el delito de coacción. Como éste último es excarcelable, fue puesto en libertad. El policía tiene una conducta intachable y una fuerte militancia en instituciones religiosas.

A diferencia del caso del comisario general Ponce, en esta oportunidad los informes psicológicos a la supuesta víctima parecieron no ser decisivos para el juez y el fiscal. Y habría tenido mucha incidencia en la resolución judicial el relato en la línea del tiempo que hizo la supuesta víctima (ver argumentos).

Igual el agente I.R.V. aún no está trabajando como policía ni cobra su sueldo porque la Subsecretaría de Control de Gestión aún no finaliza el sumario administrativo para determinar cómo sigue su carrera dentro de la fuerza de seguridad pública.

Ella, la supuesta víctima, sí trabaja como policía pero le sacaron el arma y desde hace casi un año que no sale de la comisaría en la que está, según precisaron fuentes de la investigación. La agente es experta en artes marciales y tendría un carácter de confrontación que llamó la atención a sus superiores.

Ambos se conocieron en la Escuela de Policía, cuando hacían el curso de ingreso a la Policía de San Juan.

Argumentos

Estos son algunos de los elementos que el juez Benedicto Correa tuvo en cuenta para dictarle una falta de mérito al agente I.R.V. en los delitos más graves, abuso sexual y provocación de un aborto.

*El 16 de marzo el agente I.R.V. hizo en la Seccional Segunda una exposición por impedimento de contacto contra la agente O.C.T. Habían tenido un hijo. Ella no dejó que él lo conozca. Él fue con una orden del Juzgado de Menores para un régimen de visita y ella se negó a cumplirlo.

*El 17 de marzo, un día después de negarle al policía ver a su hijo (tal como ordenaba un juez), la agente O.C.T. denunció en la Comisaría de la Mujer al agente I.R.V. por delitos gravísimos. El juez habría tenido en cuenta esos hechos a la hora de meritar la prueba y analizar el caso.

*El juez tuvo en cuenta la condición de Policía de la supuesta víctima, por lo que si sufrió hechos de violencia sabía cómo denunciar y cómo preservar pruebas. Y no lo hizo: denunció ataques sexuales reiterados pero sin pruebas.

*Los agentes se conocieron en el 2013, convivieron durante el 2014 (cuando ella tuvo el supuesto aborto), se pelearon y luego se fueron a vivir juntos nuevamente. Allí ella queda embarazada y, antes de que nazca el niño, se separaron. Resultó extraño al juzgado que ella aceptara voluntariamente irse a vivir con él de nuevo si antes le había provocado un aborto.

*El hospital de Caucete informó al juzgado que no tenía una historia clínica a nombre de O.C.T. ni registros de haber sido atendida en ese lugar. Ella había dicho que en ese lugar le practicaron el aborto, producto de los supuestos golpes del agente I.R.V.

*El juez Correa dijo que no cuenta con pruebas al menos indiciaria en un grado de probabilidad como procesar al imputado.