Citaron a funcionario de Educación en la puja por el colegio Santo Tomás Pelea entre socios derivó en la intervención judicial de un prestigioso colegio privado

El Colegio Santo Tomás de Aquino quedó envuelto en un gran lío judicial que tiene tres frentes: el Penal, el Comercial y el Laboral. A tal punto que se ordenó la intervención judicial de la institución, se inhibieron bienes de uno de los socios, una cuenta bancaria y sus fondos y se hicieron allanamientos en la escuela y en una casa.

Según precisaron fuentes con acceso al expediente, todo se desencadenó por el fallecimiento de la fundadora. La llamaban "Seño Rosita” y ella fue quien arrancó con una salita maternal en lo que era su casa particular, ubicada sobre calle General Acha, metros al Norte de Saturnino Sarasa, en Trinidad.

A mediados de los ´90, cuando estalló el negocio de la educación privada, María Rosa Cangialosi apostó por su pasión y logró que los vecinos de Trinidad le confiaran la educación de sus hijos. Así fue como nació esa escuela: sólo con nivel primario y para pocos chicos.

La demanda creció, el negocio también, y la escuela se expandió rápidamente en la esquina de General Acha y Lateral Sur de Circunvalación. Más tarde abrieron el nivel secundario. Eso fue reciente, a tal punto que el colegio cuenta con unas pocas promociones de egresados.

Pero siempre el Colegio Santo Tomás de Aquino mantuvo su nivel social. Hoy en día está entre las cuatro escuelas de gestión privada con la cuota mensual más cara de toda la provincia. Y sigue siendo un lugar para pocos alumnos, lo cual es muy buscado por muchos padres que prefieren una educación más personalizada para sus hijos.

El 14 de abril de 2015 la "Seño Rosita” falleció. Más tarde llegó el cruce entre su marido, Juan Carlos Martín Pacheco, y la socia Silvia Francisca Ballester Noguera.

Según fuentes judiciales, Rosa Cangialosi se encargaba del nivel primario y Silvia Ballester del secundario. Legalmente la sociedad era del 50 % para cada una. En los primeros datos de la investigación se conoció que la familia de Ballester sería quien se encargó de poner el terreno para la construcción del secundario.

El cruce que habría desatado el enfrentamiento entre los socios se habría dado cuando Silvia Ballester intimó al viudo de su socia, Juan Carlos Martín Pacheco, a que en el plazo de 120 días iniciara los trámites legales para ordenar la titularidad de la otra mitad de la sociedad, tal como lo indican las leyes comerciales. Es decir, si él o sus hijos o quién iba a ser el representante de la otra mitad de la sociedad.

Hasta ese momento, siempre según fuentes judiciales, Juan Carlos Martín era el representante legal del colegio ante el Ministerio de Educación y quien tenía poder para manejar las cuentas en los bancos. Pero legalmente la sociedad estaba a nombre de su mujer fallecida, no de él.

Según la información que manejan los jueces, Juan Carlos Martín se habría molestado por esa intimación de la socia de su mujer. Ese habría sido el motivo por el que decidió "despedirla con justa causa”, porque entendió que se había sobrepasado de sus funciones. Desde entonces no le permitió el ingreso al colegio, lo que implicaba para Silvia Ballester quedar afuera de su propia empresa.

Por eso es que ella fue a la Justicia. Y lo hizo presentando medidas cautelares en tres frentes: en el fuero Laboral, por su trabajo; en el Comercial, por la sociedad; y en el Penal, donde pidió que investiguen si Juan Carlos Martín Pacheco no vacío cuentas bancarias.

Silvia Ballester sospecha que el viudo de su ex socia sacó dinero de la cuenta que tenían en el Banco San Juan, en la cual ingresaba una parte de las cuotas de los alumnos. Y que sacó una suma mucho mayor de la cuenta del Banco Santander Río de Capital, donde también iban las cuotas y donde se depositaba el dinero para el pago del sueldo del personal del colegio.

En la Justicia informaron que esos montos superarían el medio millón de pesos.

Los planteos judiciales de Silvia Ballester ya surtieron efecto en dos frentes judiciales.

Por un lado, el juez Javier Antonio Vázquez, del Primer Juzgado Comercial Especial, resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, designar como interventor administrador por tiempo indeterminado al Dr. Roberto Matías Segovia”.

Segovia es un contador público que además posee mucho conocimiento de pedagogía, ya que se desempeña como docente y Director de Postgrado en la Universidad Católica de Cuyo.

Además de haber intervenido judicialmente la administración del Colegio Santo Tomás de Aquino, el juez comercial Vázquez también ordenó una medida que puede significar un revés para Juan Carlos Martín Pacheco: le frenó un documento que había hecho con los trabajadores del colegio con el que supuestamente él tomaba el mando sin el consentimiento de la socia Silvia Ballester.

Dice la resolución del juez comercial Vázquez: "En virtud de no encontrarse acreditada la transferencia del fondo de comercio "Colegio Santo Tomás de Aquino”  en legal forma, ordénese la suspensión del trámite, y en su caso de los efectos del Acta-Acuerdo de cesión de contratos de trabajo de fecha 13-05-2016 suscripto por el señor Juan Carlos Martín Pacheco y ratificado por quienes serían personal del Colegio Santo Tomás de Aquino, debiendo ponerse esto en conocimiento de las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan”.  

La Justicia investiga si Juan Carlos Martín creó una nueva sociedad (sería una S.R.L.) con la participación de sus hijos, para poder hacer y deshacer sin la participación de Silvia Ballester.

El otro frente judicial en el que Silvia Ballester logró que impongan una serie de "medidas cautelares innovativas de carácter excepcional” por su denuncia y las pruebas que aportó es en el fuero penal.

Allí se está investigando si Juan Carlos Martín Pacheco habría incurrido en el delito de defraudación con el cierre de las cuentas bancarias en el San Juan y en el Santander Río de Capital y con la apertura de una nueva cuenta en el Santander Río sucursal Rawson, desde donde habría empezado a manejar el dinero del colegio.

El pedido de la cautelar ingresó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa, quien resolvió una serie de medidas investigativas por la denuncia de Silvia Ballester, a quien se le permitió que se constituya en querellante, por lo que podrá ser parte de la causa penal.

Entre las medidas que dispuso el juez Correa están:

-"Inhibición total de los bienes muebles e inmuebles de Juan Carlos Martín Pacheco”, por lo cual ordenó notificar al Registro General Inmobiliario y a los Registros del Automotor.

-"Inhibir la cuenta bancaria N° XXXXX del banco Santander Río sucursal Rawson y en consecuencia la indisponibilidad de los fondos”.

-Allanamiento en la sede del Colegio Santo Tomás de Aquino y en una casa del barrio Reina Mora, en Rawson. En ambos lugares le ordenó a la división Defraudación y Estafas secuestrar todo tipo de documentación a partir del 30 de marzo de 2016 y hasta la fecha que se encuentre a nombre de Juan Carlos Martín Pacheco.

Ambos jueces le impusieron a Silvia Ballester grandes sumas de dinero como una medida contracautelar: el juez Vázquez lo hizo en 300.000 pesos y el juez Correa en 100.000 pesos. De esa forma la Justicia se garantiza que, si Juan Carlos Martín Pacheco resulta inocente, Ballester deberá correr con el costo del proceso judicial.