Pusieron a la mujer del abogado de Macchi en la sala que definirá el futuro del ex juez

La polémica radica en que en la Sala II es la que tiene que resolver por estos días el futuro del procesamiento que el juez Benito Ortiz –subrogando el Quinto de Instrucción- le dictó al ex juez Macchi, quien fue destituido y luego procesado por la forma ilegal con la que resolvió cinco causas, donde se presume que se inflaron el valores de expropiaciones para saquear las arcas del Estado provincial.

Actualmente el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal –Peluc Noguera, José A. Vega y Eduardo Gil- se inhibieron de actuar en la apelación del procesamiento por amistad con el ex juez Macchi.

Pero, más allá de los jueces que finalmente terminen actuando –pueden ser ellos u otros-, la polémica radica en que los empleados de la Sala II sí o sí tomarán participación en la tramitación de la causa. Eso implica que Marcela Torres tendrá un acceso directo a esa causa.

Los abogados, fiscales, empleados judiciales y hasta jueces que están vinculados al escándalo de las expropiaciones no podían creer en las últimas horas que Torres haya sido puesta en ese lugar. La sorpresa radica en que es la pareja del abogado Guillermo Toranzo, el defensor del ex juez Macchi.

Si bien en Tribunales nadie cuestiona la capacidad profesional que pueda tener Marcela Torres, el solo hecho de que sea la Prosecretaria en la sala que se tramitará la apelación de Macchi, siendo la mujer del abogado del ex juez, genera malestar entre las partes intervinientes –fiscales, abogados defensores y querellantes-.

Otra arista que nadie podía creer en Tribunales es la falta de cintura de la Corte en la decisión de poner a Torres en la Sala II, debido a que las expropiaciones es nada más y nada menos que la causa más importante en la historia judicial de San Juan, en la que están procesados abogados, funcionarios y ex jueces por la sospecha de haber montado una asociación ilícita para inflar causas de expropiaciones y saquear las arcas del Estado.

Según altas fuentes judiciales, la decisión de que Marcela Torres trabaje en la Sala II de la Cámara Penal la tomó el presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega.

Esas mismas fuentes aseguraron que esa decisión fue "inconsulta”. Es decir que no correspondió a una reorganización armada por los empleados de la Secretaría Administrativa de la Corte, sino que la medida se tomó unilateralmente.

Torres no trabajó en el Poder Judicial durante los últimos ocho meses por una licencia médica. Esa licencia arrancó en los últimos días de junio de 2014, antes de las vacaciones de invierno –feria judicial de invierno-.

Hay un dato que no pasó desapercibido por los empleados de la planta baja –donde está la Cámara Penal- ni en las oficinas del segundo piso de Tribunales: la estrecha amistad de la pareja de Torres, el abogado Toranzo, con un camarista penal de muchos años de carrera en el Poder Judicial.

Muchos de los trabajadores judiciales consultados creen que ése vínculo podría haber incidido en la designación tomada por la Corte.

Antes de trabajar en la Sala II, Marcela Torres se desempeñó en la Fiscalía de Cámara, bajo las órdenes de la fiscal Alicia Esquivel, donde hubo fuertes "diferencias internas”, se limitó a precisar una alta fuente de esa fiscalía.

 

Por ese hecho también sorprendió la designación de Torres en la Sala II, porque en ese tribunal trabaja la fiscal Esquivel, con quien las relaciones no terminaron del todo bien y ahora tendrán que verse la cara todos los días. 

 

Fue después de desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal cuando se tomó la licencia médica y estuvo sin una oficina de destino en el Poder Judicial de San Juan.

Torres también trabajó en las oficinas de la Corte de Justicia antes de la fiscalía, donde los empleados informaron que también se terminó yendo abruptamente.