¿A qué juega la Corte?

Se debate en el país el per saltum, la posibilidad de que la Corte se haga cargo de los casos institucionalmente relevantes como la aplicación de la Ley de Medios. No se debate nada en San Juan: la investigación más escandalosa de los últimos tiempos no parece ser un asunto de relevancia institucional, no parece requerir velocidad ni respuesta a la opinión pública, no demanda que nadie se concentre en lo importante. Y el deporte provincial de Tribunales es la plancha, una disciplina que parece tener entre sus más entusiastas miembros a los del máximo tribunal.

Cuesta encontrar un gesto de la Corte provincial a favor de esta bola de nieve que de a poco fue llamando la atención hasta convertirse en un escándalo, ya admitido por propios y extraños. Que se consumó puertas adentro del palacio y que salpica a un número significativo de magistrados. Y que debe ser investigado por otros magistrados, colegas al fin, en medio de una pachorra asombrosa si es que la sospecha recae sobre alguno de los suyos.
Apenas aquella vez que le llamó la atención a un fiscal por haber elevado un requerimiento con copy paste de la denuncia en la causa lateral por la que estuvo detenido el abogado Santiago Graffigna y que la Cámara decidió anular. Tiró las orejas la Corte y dejó viva la causa. Punto final para cualquier otra gestualidad a favor de un escándalo creciente. Ese silencio se hace escuchar.

Desde ese momento, la Corte dilató los tiempos tanto en las causas que están a su consideración como en su rol de superintendencia del servicio de justicia provincial, tomando decisiones para agilizar el trámite de las causas prioritarias y, especialmente, utilizando el sentido común. Está allí y en ningún otro lado el significado de estas omisiones: ¿qué ocurriría si la Suprema Corte no proporcionara los elementos para investigar un escándalo resonante de escala nacional? Arde Troya. Eso mismo, en escala local, es lo que ocurre con el escándalo de las expropiaciones: decenas de expropiaciones civiles flojas de papeles, investigados por una jueza penal en retirada y sin elementos, largas peregrinaciones hasta conseguir un fiscal que no se corra y la Corte sin dar el ejemplo y resolviendo los episodios que tiene a cargo.

¿Cuáles son esos episodios que tiene en estudio? El caso Carbajal, por ejemplo, un caso paradigmático de los chanchullos que se investigan con los terrenos expropiados para el dique Cuesta del Viento. Lo que se le pidió a la Corte es que se pronuncie sobre el criterio utilizado por los jueces para computar intereses sobre el valor de los inmuebles. Esa es la madre del borrego: ese cómputo de intereses es el factor onmipresente en todos los casos escandalosos porque los terrenos expropiados y supuestamente impagos –subrayando lo de supuestamente- fueron ocupados hace años, y el negocio está justamente en tasarlos a fecha actual –para lo que hizo falta una oportuna “desaparición” del acta de toma de posesión, que es la fecha a la que se debe tasar por ley- y multiplicar esa cifra por la de los intereses.

Un eventual fallo de la Corte sobre ese criterio de cómputo de intereses hubiera desactivado el pago en todos los casos siguiente, pero nunca se produjo. Si alguien pregunta, la respuesta es terminante: la Corte no tiene plazos y lo hará “oportunamente”. Justamente ese sentido de la oportunidad es lo aparece en cuestión.

Carbajal llegó a la Corte en febrero del 2011. Se le pidió que analice la actualización que los jueces y los camaristas habían condenando a la provincia a pagar $5.000.000 por un terreno inhóspito en Colola. El caso tuvo los condimentos de los otros bajo sospecha: tasado a fecha actual por el Tribunal de Tasaciones ante la desaparición del acta, intereses desde el año 86. Clink caja. Luego llegó a la Corte la ampliación de la denuncia, justamente por el caso Carbajal: la concentración de tres expedientes “desaparecidos” en el juzgado de la jueza Marún, a quien se le pidió por eso la indagatoria. También, sin suerte.
El otro caso que llegó a la Corte es el de Canal Playas, o canal Benavídez. Allí, el fallo del juez Macchi –confirmado en cámara- condenó a la provincia a pagar $ 70 millones por dos hectáreas en el año 43. El expediente está plagado de casos sospechosos como el pago por muros y veredas de existencia bien difícil de probar o la finta para sacarse de encima al Tribunal de Tasaciones. Tampoco se expidió la Corte.

Pero más allá de los casos en los que interviene directamente, la Corte es responsable del servicio de justicia provincial en general. En consecuencia, también es su responsabilidad que una jueza que lleva adelante un caso resonante –el más resonante de la historia provincial de acuerdo a los viejos observadores de Tribunales- trabaje en un ambiente de confianza, respaldo y asistencia técnica. Lo que ocurre en los hechos es exactamente lo contrario.
María Inés Rosellot, de ella se trata, está dispuesta a patear hasta marzo la investigación y retomarla después del verano, si es que aún está. No lo dirá jamás, pero la jueza siente miedo: una causa gigantesca y simbólica, que involucra a varios de sus pares y buena parte del sistema, ¿avanzar sin el mínimo respaldo jarárquico? ¿Para qué, si está en condiciones de jubilarse, aunque la Anses no golpee su puerta como le ocurrió a la jueza Rosalba Marún de Sovelbio, solicitada como sospechosa y renunciante?

No fue capaz la Corte de retirarle el turno para recibir todos los casos penales que se produzcan en la provincia, que comenzó a transitar el primer día del mes. Desde ese día debió olvidarse de la investigación por el escándalo y patearlo para adelante: lo urgente, antes que lo importante. El Fiscal General, Eduardo Quattropani, sí le permitió a Carlos Rodríguez, el fiscal de instrucción, que quedara afuera de la rotación de los turnos para abocarse a este escándalo. Pero la Corte parece no leer los diarios.

Tampoco acompaña a la jueza en soportes técnicos para un asunto demasiado difícil, primero de comprender y luego de desentrañar. El secretario del juzgado está en retiro efectivo –también previsional-, y encima le sacaron más personal y no se lo reponen. Le haría falta a Rosellot un perito contable, seguramente. También poder tener el tiempo exclusivo para concentrarse en el asunto. Como repitió el juez Atenágoras Vega (ascendido esta semana a camarista) en Paren las Rotativas (viernes a las 23 por Canal 5): faltan hasta movilidades para llevar los presos, ni hablar de un juzgado concentrado en delitos económicos como el caso de las expropiaciones.

Seguramente la leonera de la opinión pública se calmaría si entendiera que en Tribunales se dedican a la causa: ¿Tendrá algo que ver con este ritmo paquidérmico y desinteresado que varios de los sospechados son jueces?

Cuesta tener que mirar a Mendoza para encontrar analogías. Allí, ante una sospecha parecida en un caso de expropiaciones, la Corte tomó la sartén por el mango, enjuició al fiscal de Estado y lo destituyó con el voto de varios cortistas. Y eso que allá se pagaron $25 millones por un terreno en el Pedemonte, la zona más cara de Mendoza, mientras en San Juan pagaron $25 millones por una veredita.

En el medio, se designan jueces a patadas para recuperar el terreno perdido del freezer de Tribunales. Algunos de ellos, con futura participación en este escándalo de las expropiaciones. El Foro de Abogados ya se quejó por el método de designación y propuso alguna reforma en el Consejo de la Magistratura. Silencio. El camarista Roberto Pagés dijo en carta de lectores de El Nuevo Diario: ¿cómo es posible que los abogados de Graffigna –Fernando Ramhé y Rolando Lozano- integren el organismo que designa las ternas para jueces en un juzgado que podría tomar el escándalo? Silencio. Como para tener en cuenta cuando alguien se siente en el café frente a la plaza a hablar de las instituciones.

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¿A qué juega la Corte?

No hay señales del máximo tribunal en el escándalo de expropiaciones. De esa manera, doble escándalo: el del saqueo con juicios presuntamente inflados, y el de la investigación, que no encuentra quién se embandere. Por Sebastián Saharrea.

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