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SUSCRIBITEEl Tribunal de Cuentas formuló 25 cargos contra Armando Sánchez y otros ex funcionarios de Pocito por presuntos manejos indebidos de fondos.
Armando Sánchez, en sus épocas de intendente de Pocito (foto: redes sociales).
El ex intendente de Pocito, Armando Sánchez (PJ), acaba de ser imputado junto a otros ex funcionarios de su gabinete por el Tribunal de Cuentas debido a un posible perjuicio patrimonial de $ 120 millones. El organismo de control le formuló al ex jefe comunal 25 cargos por presuntas irregularidades durante la gestión del peronista, más precisamente en 2023.
Ya se dieron las notificaciones y los señalados por el Tribunal podrán ahora presentar descargos y justificar los gastos. Entre las presuntas irregularidades estarían un pago de $ 49,8 millones a la empresa Hormigones de Cuyo por repavimentar calle Maurín, sin documentación respaldatoria. También aparecerían pagos por cerca de $ 16 millones para instalar juegos deportivos con contratos y facturas ausentes, y alrededor de $ 9 millones por operativos de limpieza sin contratos ni certificaciones.
Otras cuentas que habrían quedado bajo la mira del Tribunal son por la erogación de $ 6 millones por renovación de espacios verdes y equipamiento para plazas, sin documentación clara, y dos cargos de cerca de $ 5 millones cada uno por enripiado de calles y catering de un evento, sin papeles formales. El resto de las imputaciones serían de menores montos.
El Tribunal de Cuentas de San Juan es el organismo encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público provincial y municipal, así como de entes con participación estatal. Su función principal es asegurar que la administración pública cumpla con los principios de legalidad y buena gestión en el manejo de los fondos públicos.
Examina las cuentas que presentan los organismos públicos y entidades que reciben fondos públicos, aprobándolas o desaprobándolas. En caso de no poder comprobarse la regularidad de una cuenta, el Tribunal puede iniciar juicios de cuentas para determinar responsabilidades civiles de funcionarios o ex funcionarios públicos por detrimento al patrimonio público. Y puede aplicar sanciones administrativas, como multas, por incumplimientos en la presentación de cuentas o irregularidades en la gestión y hasta hacer pagar el perjuicio a los responsables con dinero de sus propios bolsillos.