Tres kirchneristas en apuros: avanzan causas en la justicia

Uno de ellos, el ex vicepresidente Amado Boudou, carga con denuncias casi desde el mismo momento en que asumió ese cargo. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, supo estar más protegido y evitó denuncias que implicaban a subalternos. Quizás el menos acostumbrado al trajinar judicial sea el ex canciller Héctor Timerman.

Imputado por obras

El ex ministro De Vido fue imputado en la Justicia Federal por supuestos sobreprecios en la construcción de las llamadas "Torres Gemelas” en Santiago del Estero y otras obras públicas en esa provincia.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal federal Patricio Evers requirió el inicio de la acción penal contra el actual diputado del Frente para la Victoria por la edificación de las ostentosas sedes de los ministerios santiagueños de Economía y Educación, adjudicadas a la constructora Panedile.

A partir de 2005 el ministerio adjudicó a esa empresa obras públicas en Santiago del Estero, que era gobernada por el radical Gerardo Zamora, que terminó siendo uno de los más leales a Néstor y Cristina Kirchner.

La constructora, para justificar el costo de 3.000 dólares por metro cuadrado, aseguró que las famosas torres son edificios modernos e inteligentes, de 48 niveles entre las dos.

Evers requirió a la jueza federal María Servini de Cubría que arranque la investigación penal sobre De Vido también por las obras de un dique en Río Salado, la ampliación del aeródromo de la localidad de Termas y la repavimentación de la ruta provincial entre Loreto y Frías.

En los últimos meses De Vido fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once, que causó la muerte a 51 pasajeros e hirió a más de 700. También fue indagado dos veces: por la falta de renegociación de las concesiones ferroviarias y por la compra de trenes inservibles a España y Portugal.

Citado por los autos

El juez federal Sergio Torres citó a declaración indagatoria al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía, cuando él lo conducía en 2010, por los cuales se habrían pagado sobreprecios en una licitación "direccionada” para una compra "innecesaria”.

Boudou deberá declarar el miércoles 29 de junio.

Torres citó además a indagatoria al ex titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, quien habría tenido en su poder uno de los automóviles comprados de manera irregular y tenía el deber de controlar las licitaciones de la administración pública.

Además, serán indagados los empresarios Fernando y Guido Guidi, de la concesionaria que vendió los vehículos marca Volkswagen, modelos Passat, Vento y Bora.

La compra se concretó por $ 2.131.400 "sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso”, remarcó el juez en su resolución.

La sombra de Irán 

La Cámara Federal porteña ordenó seguir adelante con una investigación por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA contra el ex canciller kirchnerista Héctor Timerman y avaló la posibilidad de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en caso de surgir un nuevo elemento de prueba.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que rechazó un planteo de nulidad de la defensa de Timerman, denunciado a raíz de un audio de una conversación telefónica que mantuvo con el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que aludía a Irán como responsable del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos.

"La desestimación de la denuncia por encubrimiento oportunamente realizada por el Dr. Alberto Nisman, dispuesta por el titular del Juzgado Federal 3 en la causa citada, no constituye motivo que conduzca a invalidar todo lo actuado en la presente”, resolvieron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzún.

Los camaristas sostuvieron, en alusión a la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, que si el juez del caso estableciese que lo que se investiga es nueva prueba, podría reabrirse la denuncia.

"Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar, qué vivo que sos ¿Con quién querés que negocie entonces?”, se escuchó decir a Timerman en esa conversación con Borger de 2012 que terminó complicándolo en la Justicia. 

 

Quieren usar las máquinas de Báez

El Gobierno nacional quiere usar la maquinaria pesada embargada a la firma Austral Construcciones SA, del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, en las obras del Plan Belgrano y en catástrofes naturales o emergencias.

Para ello, el Ministerio de Defensa requirió al juez federal Sebastián Casanello que proceda a designar al Ejército como "depositario judicial” de las excavadoras, palas mecánicas, perforadoras, tractores y camiones.

Defensa se propone "emplearlos en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas” en todo el país.