David Nazareno Ávila, de 21 años, fue detenido en General Roca, Río Negro, bajo acusaciones de terrorismo, tras una investigación que duró nueve meses y reveló su vínculo con grupos extremistas islámicos. La intervención de un agente digital encubierto y el secuestro de su celular, en el que se encontraron conversaciones comprometedoras, fueron clave para su arresto. Según fuentes judiciales, Ávila se encontraba en la última etapa de planificación para llevar a cabo un atentado en Argentina.
Quién es el presunto terrorista islámico detenido: los chats que lo involucran
El joven tiene un historial delictivo y hasta estuvo en el Ejército, pero lo echaron.
En los mensajes hallados en su dispositivo, Ávila se presentaba como parte de un grupo extremista y expresaba su intención de realizar un ataque en Argentina debido a su oposición al gobierno, al que calificaba de "sionista". También solicitaba instrucciones para fabricar explosivos. A pesar de la evidencia, Ávila negó las acusaciones y afirmó que su acercamiento a estos grupos respondía a un interés personal por temas bélicos, describiendo su participación como un "juego".
El joven, quien había interactuado con varios grupos extremistas en plataformas como Telegram, mostraba un patrón de comportamiento marginal que, según los investigadores, lo llevó a buscar reconocimiento dentro de estos grupos. En uno de los chats, se encontró una referencia a un grupo cuyo nombre hacía alusión a Vladislav Roslyakov, responsable de una masacre en una universidad de Ucrania en 2018. Esta conexión alarmó a las autoridades, ya que indicaba la posible peligrosidad de sus intenciones.
Ávila vivía con sus hermanas y una sobrina en General Roca y trabajaba como repartidor en una mensajería. Había intentado ingresar al Ejército Argentino, pero fue dado de baja tras no cumplir con los requisitos de disciplina y adaptación. La investigación, iniciada en marzo de 2024, detectó que Ávila estaba difundiendo propaganda yihadista en diversas redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, Telegram y Twitter, lo que motivó la intervención judicial.