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jueves 26 de marzo de 2026

Insólito

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad tras descubrir que el embrión implantado no era suyo. El caso abrió un fuerte debate sobre los controles en los tratamientos de reproducción asistida.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Una pareja estadounidense inició acciones legales contra una clínica de fertilidad de Florida luego de descubrir que el embrión implantado durante un tratamiento de reproducción asistida no les pertenecía genéticamente. El caso, que generó fuerte impacto en Estados Unidos, volvió a poner en debate los controles y responsabilidades en los procedimientos de fertilización asistida.

Steven Mills y Tiffany Score denunciaron que el Centro de Fertilidad de Orlando, ubicado en la ciudad de Longwood y operado por la empresa IVF Life Inc., implantó por error un embrión ajeno. El procedimiento se realizó en marzo de 2025 y derivó en el nacimiento de una niña en diciembre del mismo año.

Las primeras dudas surgieron tras el parto. Ambos padres, de ascendencia caucásica, advirtieron que la beba presentaba rasgos físicos que no coincidían con los suyos. Ante esa inquietud, decidieron someterse a estudios genéticos que confirmaron que no existía vínculo biológico entre la niña y ninguno de los dos.

La demanda fue presentada el 22 de enero ante la Justicia del Condado de Orange. En ella, la pareja solicita que la clínica notifique a todas las pacientes que tenían embriones almacenados en el centro durante el año previo al nacimiento y que financie pruebas genéticas para niños nacidos bajo su atención en los últimos cinco años, con el objetivo de detectar posibles errores similares.

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Además, reclaman un informe detallado sobre el destino de sus propios embriones, que según la clínica eran tres y permanecían criopreservados desde 2020. El abogado de la pareja explicó que, si bien Mills y Score han desarrollado un fuerte vínculo afectivo con la niña, existe una preocupación latente ante la posibilidad de que los padres biológicos puedan reclamar la custodia en el futuro.

En el escrito judicial, la pareja sostiene que tiene una “responsabilidad moral y legal” de localizar a los padres biológicos de la beba y notificarles lo ocurrido. También expresaron su temor de que su embrión haya sido implantado en otra mujer y que exista otro niño criado por una familia distinta a la suya.

Durante una audiencia de emergencia encabezada por la jueza Margaret Schreiber, los abogados de ambas partes informaron que están trabajando para alcanzar un acuerdo. De manera preliminar, la clínica aceptó avanzar con las pruebas genéticas solicitadas y aportar información sobre los embriones almacenados en el período en cuestión. En la audiencia virtual, la pareja estuvo presente junto a la beba, que continúa bajo su cuidado.

Desde la defensa del centro médico manifestaron reparos en relación con la privacidad de otros pacientes y la necesidad de contar con su consentimiento para realizar estudios genéticos. También indicaron que los resultados podrían demorar entre cuatro y seis semanas, aunque se evalúan alternativas para acelerar el proceso.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre el historial del Centro de Fertilidad de Orlando y de su director, el doctor Milton McNichol. En mayo de 2024, el profesional fue sancionado por la Junta de Medicina de Florida con una multa de 5.000 dólares tras una inspección que detectó irregularidades en equipamiento, gestión de riesgos y provisión de medicamentos esenciales.

Pese a esos antecedentes, McNichol cuenta con una extensa trayectoria en el área de fertilidad y ha recibido múltiples reconocimientos profesionales. Tras conocerse la denuncia, la clínica publicó un comunicado en su sitio web en el que aseguró estar colaborando con una investigación interna, aunque el mensaje fue retirado luego de la audiencia judicial.

La causa continúa su curso en un escenario complejo, ya que Florida no cuenta con una legislación específica para abordar este tipo de situaciones, lo que obliga a la Justicia a equilibrar derechos, responsabilidades y el interés superior de la menor involucrada.

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