¡Atención, criptoestafadores! En un país que es potencia, los muelen a azotes

Detalles del castigo y alcance de la ley

El castigo consistirá en el azote judicial con una vara de ratán sobre las nalgas del condenado, una práctica heredada de la época colonial británica que ya se aplica en Singapur para delitos graves como robo o violación. Según la nueva legislación:

• Los responsables directos, reclutadores y miembros de organizaciones criminales podrán recibir entre 6 y 24 azotes.
• Colaboradores y facilitadores, como las llamadas "mulas de dinero" que prestan sus cuentas bancarias, tarjetas SIM o credenciales de identidad digital (Singpass), recibirán hasta 12 azotes.
• Esta sanción corporal es proporcional a la gravedad del delito y se aplicará únicamente a hombres menores de 50 años, siempre acompañada de penas de prisión o multas económicas.

Un panorama de pérdidas multimillonarias

El endurecimiento de la ley responde a una situación crítica: entre 2020 y la primera mitad de 2025, se reportaron cerca de 190,000 casos de estafa. Estos delitos representan el 60% del total de denuncias en el país.

Las pérdidas económicas son alarmantes:

• En el periodo 2020-2025, el daño acumulado fue de aproximadamente 2,860 millones de dólares estadounidenses.
• Solo en 2024, las pérdidas alcanzaron un récord de 1,100 millones de dólares.
• Las autoridades señalaron que estas cifras superan incluso el costo de construcción de un hospital, evidenciando el profundo impacto social del fraude.

Modalidades de fraude más comunes

La Agencia de Tecnología del Gobierno ha identificado que las estafas más frecuentes incluyen el phishing, ofertas de empleos fraudulentos, engaños en comercio electrónico, fraudes de inversión de rápido enriquecimiento y la suplantación de identidad. Muchas de estas operaciones están vinculadas a redes criminales internacionales que aprovechan el anonimato digital para evadir a la justicia.

Postura del Gobierno y críticas internacionales

A pesar de que organizaciones como la ONU han criticado los castigos corporales por considerarlos violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Singapur defiende la medida como un mecanismo disuasorio poderoso. Tras el fracaso de campañas educativas previas para frenar los delitos, las autoridades buscan enviar un mensaje de tolerancia cero y restaurar la confianza en los servicios digitales del país.

Con esta ley, Singapur se posiciona como pionero en el uso de sanciones físicas para combatir la criminalidad en el entorno digital, una estrategia que será observada de cerca por otras naciones que enfrentan retos similares en la red.