El proyecto de ley de "Exteriorización de Capitales" impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo esta noche dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado nacional y la iniciativa será tratada el miércoles 22 en el recinto de la Cámara Alta.
El trámite que habilita la discusión sobre tablas fue suscripto a las 21:04 por los legisladores que responden al Frente para la Victoria y aliados.
El proyecto de blanqueo tuvo dictamen en el Senado
En plenario de comisión analizó la propuesta que había sido defendida el jueves pasado por el equipo económico del Gobierno.
En ese marco, el senador Gerardo Morales, en nombre del bloque del radicalismo, se quejó por la ausencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, porque consideró "clave" su participación en la ejecución de la norma.
En tanto, la iniciativa recogió opiniones favorables de representantes del sector de la construcción, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) evitó pronunciarse en forma taxativa.
"No hubo un análisis del proyecto artículo por artículo", dijo el vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, al ser consultado puntualmente por Morales. La posición de la UIA fue expresada también por su presidente, José Ignacio de Mendiguren.
Los industriales se limitaron a solicitar que "los fondos sean dirigidos a unidades nuevas y que se extienda a galpones y productos de fábrica" y sugirieron que parte "pueda volcarse al incentivo de economías regionales".
Por su parte, Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, manifestó su satisfacción "por el debate de un proyecto para incentivar el alicaído mercado inmobiliario".
"Lo vemos positivo", recalcó, pero pidió que la reglamentación contemple una "celeridad en cuanto a la operatoria y seguridad jurídica para que se despejen dudas".
En idéntico sentido se pronunció Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que agregó la necesidad de que la reglamentación "no se quede en un elemento transaccional" meramente financiero.
En otro segmento del análisis, Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna como ministro de Economía y luego embajador en Alemania, afirmó que "la ley presenta objeciones éticas y de disciplina tributaria de largo plazo" y sostuvo que "en lo instrumental se plantea objetivos a partir de un diagnóstico equivocado".
Nielsen también planteó que la iniciativa permitiría "emitir más CEDIN que los dólares que se entregan como respaldo", apuntó al el cepo cambiario, al que consideró "totalmente disfuncional para la economía" y aconsejó que se reestablezca plenamente el acceso a la moneda extranjera "tanto para importar como para atesorar".
Alberto Abad, ex titular de la AFIP, dijo que este "proyecto de ley es un somnífero" y que "cuando el paciente se despierte seguirá con los mismos problemas", por lo que se pronunció en contra de la iniciativa porque "es premiar a los evasores" y que enfatizó que "traspasa el estado de derecho".
Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, enfatizó que "el proyecto promueve medidas que no van a ser auditadas" por el organismo a su cargo.
El presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, criticó los fundamentos del proyecto, al que calificó como "Frankestein" y "engendro", además de estimar que "en el mejor de los casos podrían obtenerse entre 500 y 1500 millones de dólares" y relativizar los efectos que podría generar sobre la pretendida reactivación del mercado inmobiliario.
El ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, consideró que "la ley será ineficaz en alcanzar los objetivos que persigue" y dijo que convertirá al "país en un paraíso fiscal".
En el mismo sentido se pronunció el también ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, quien se lamentó por el deterioro de la economía.
El economista Matías Tombolini también se pronunció en contra del proyecto y propuso variantes para mejorar la utilización de los certificados que se proponen emitir, en tanto su par Lucas Llach cuestionó aspectos técnicos de los certificados y reclamó mayores precisiones en la redacción de la norma en especial en la devolución de dólares a cambio de los CEDIN y su poder cancelatorio de obligaciones.
Héctor Valle director de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), reconoció que el "proyecto es un estímulo a la evasión" pero consideró que el plan puede ser útil para conseguir financiamiento para proyectos de desarrollo.
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