El escándalo de las facturas truchas, a un paso de pincharse
Estalló hace cuatro años, cuando la AFIP local denunció una asociación ilícita para evadir pagos millonarios en impuestos. En el juzgado federal fueron procesados y luego sobreseídos los siete sospechosos. Queda un paso para que zafen definitivamente.
Por Gustavo Martínez Puga.
Los vericuetos legales hicieron que el mayor caso de evasión impositiva que se haya denunciado en la provincia quede a un paso de pincharse definitivamente: resta que la Cámara Nacional de Casación Penal, el órgano judicial anterior a la Corte Suprema de Justicia, se expida sobre la apelación que hizo el representante del Ministerio Público para que los siete sospechosos no sean sobreseídos.
En esta semana se cumplieron cuatro años de que la AFIP local fuera a la justicia federal para que investigara a una asociación ilícita que habría evadido más de 30 millones de pesos en el pago de impuestos nacionales, mediante una usina de facturas truchas y empresas fantasmas.
El titular del Juzgado Federal N°1, Miguel Ángel Gálvez, informó a Tiempo de San Juan que “todos los imputados fueron sobreseídos porque la investigación nunca estuvo bien hecha y se fue cayendo a medida que se fue investigando. De todas maneras, la Cámara Nacional de Casación Penal tiene que resolver la causa porque el sobreseimiento fue apelado por la fiscalía local, llegó a la Cámara Federal de Mendoza, donde fue confirmado el fallo de primera instancia, y también el Ministerio Público apeló esa decisión”.
Cómo fue el camino
Tras la denuncia de la AFIP local, después de cuatro años de investigaciones, el juez Gálvez había detenido a siete sospechosos a mediados de marzo de 2009. Y en abril les dictó el auto de procesamiento de la siguiente manera: el contador Francisco Martiniano Place, la abogada Graciela Vega Lecich y Daniel Eduardo Brisighelli, fueron imputados de integrar una asociación ilícita para evadir impuestos. Y como partícipes de esa organización ilegal a la que se le llamó “usina de facturas truchas”, el juez Gálvez había procesado a Sebastián Fernández de Cieza, Roberto Augusto Madcur, Vicente González y Hermógenes Peña.
Se le llama usinas a las sociedades que se arman sin que tengan capacidad patrimonial, cuyos integrantes son insolventes, y no cumplen la actividad que públicamente dicen cumplir. Suelen usar domicilios truchos. Cómo funcionan: simulan una operación con una empresa legal, con la cual pueden evadir el pago de impuestos, facturando por servicios que no prestan o por mercancía que no venden.
En el 2009 se informó que eran tres las grandes empresas sospechadas por la AFIP local, donde habían verificado evasiones por 7 millones de pesos en IVA y casi 24 millones de pesos en Impuesto a las Ganancias.
Pero después del procesamiento dictado por Gálvez, se hizo una ampliación de las indagatorias. En esos días salió la nueva ley de blanqueo de capitales, la cual establece que si una empresa está acusada de evasión y accede a una moratoria de la AFIP, queda suspendida la causa penal.
Ahí se prendieron las empresas denunciadas por la AFIP local, las que habrían comprado facturas truchas para evadir. Según fuentes judiciales, 45 efectuaron un plan de pago que les permitió suspender la causa; otras 22 cancelaron la deuda para extinguir la acción penal. Y a 8 empresas se les comprobó que no debían impuestos.
Esto, más algunas presuntas irregularidades en la investigación de la AFIP local, hizo que el juez Gálvez dictara el sobreseimiento para los mismos que había imputado anteriormente.
“Se fue cayendo”
El juez Gálvez explicó a Tiempo de San Juan que “la AFIP terminó reconociendo planes de pago de deudas impositivas a empresas que ella misma había denunciado como inexistentes o fantasmas. Y muchas de las empresas sí existían, se comprobó en la inspección ocular. Lo que pasa que tenían el escritorio en un lugar y la empresa en otro. La investigación se fue cayendo. Por ejemplo, nunca encontramos facturas truchas”.
Según informaron fuentes del juzgado federal, el sobreseimiento se dictó cuando el juez Gálvez se había ido de viaje a Europa y lo había subrogado una de las secretarias penales, Patricia Sanz.
La persona a cargo de la fiscalía federal de primera instancia en ese momento, Silvina Godoy, apeló el sobreseimiento al entender que había una contradicción, ya que se estaba sobreseyendo de un delito a personas que anteriormente se les había dictado un procesamiento.
Así fue como el escándalo de las facturas truchas llegó a la Cámara Federal de Mendoza. Allí confirmaron la última decisión del juzgado de Gálvez y confirmaron el sobreseimiento para los sospechosos. La medida benefició a quienes había alcanzado la investigación de primera instancia: Daniel Eduardo Brisighelli, Patricia Liliana Madcur, María Agustina Brisighelli, María Turcato, Jorge Germán Aranela y Roberto Augusto Madcur.
Todos ellos venían siendo investigados por el delito de asociación ilícita. Pero el representante del Ministerio Público ante la Cámara Federal entendió, como su par de primera instancia sanjuanina, que no correspondía. Y recurrió a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde la causa está desde hace dos años.
Datos
Desde hace dos años que la causa está apelada ante la Cámara Nacional de Casación por el fiscal, quien nunca dejó que la causa se cayera.
El juez de primera instancia de San Juan y la cámara de Mendoza dicen que la AFIP local obró mal en su investigación.
Dos fechas claves
15 de abril de 2009
Es cuando toma estado público el auto de procesamiento del juez federal Miguel Ángel Gálvez, imputando a siete de los involucrados por asociación ilícita y por partícipes.
5 de diciembre de 2010
La Cámara Federal de Mendoza confirma el sobreseimiento que, luego de procesarlos, el juez Gálvez había dictado desvinculando a los sospechosos. El fiscal apeló esa medida.
Cifras del caso
30
Son los millones de pesos que, como mínimo, se calculó en su momento se habían evadido en pago al fisco.
49
Son las sociedades presuntamente truchas que se habían detectado en su momento para poder evadir.
16
Son los allanamientos a estudios y empresas que la AFIP local hizo en agosto del 2005, cuando empezó a investigar.
