Cómo era el circuito del dinero en el juzgado del escándalo

Epicentro de un escándalo por coima en el Poder Judicial, en el Juzgado de Paz de Caucete se podía respirar la tensión que había. Es que la denuncia de una vecina a la que le cobraban por tomarle una declaración destapó una situación mucho peor: según la investigación policial, refrendada por testimonios de vecinos, un empleado habría estado cobrando las multas, lo que no es legal, quien además habría entregado en su inmobiliaria particular el oficio con la firma de la jueza para que los infractores retiraran el vehículo de la policía.
Todo empezó por un caso de coima que una mujer denunció directamente en la fiscalía a cargo de Fabricio Médici. La vecina fue hasta el Juzgado de Paz de Caucete a cargo de la jueza María Cristina Bustos, a realizar una denuncia por ruidos molestos contra su vecina. Allí, el “empleado” que la atendió le pidió $40 para tomarle la declaración.
La Brigada de Investigaciones Sur realizó un operativo y logró atrapar a Hugo Navarro con billetes “marcados” que éste le pidió a la mujer de manera ilegal. Pero, además, desde la Corte de Justicia confirmaron que Hugo Navarro no era empleado del juzgado donde estaba trabajando y tomando denuncias, sino que era un sargento retirado de la Policía de San Juan que apareció cumpliendo esa función.

SE DESTAPÓ LA OLLA
Este fue el caso que destapó la olla. Pero hay manejos que serían aún más graves, en los que podría estar involucrado un empleado del Poder Judicial y que salpica hasta la mismísima jueza Bustos.
Según confirmaron distintas fuentes policiales, el juzgado operaría con una especie de “doble entrada”.
Por un lado entraban los expedientes de contravenciones tales como el que inició el escándalo, manejado en gran parte por Hugo Navarro, el ex sargento.
Por otro lado ingresaban las actas de infracciones de tránsito y de los vehículos radiados. Este tipo de expedientes, según fuentes policiales y vecinales, serían manejados por un empleado del juzgado, Manuel Godoy, quien está por jubilarse y además posee una inmobiliaria y ofrece hacer trámites sobre vehículos en Caucete.
La investigación policial dice que Godoy es el que habría recibido a quienes habían sido multados en controles vehiculares, incluyendo a quienes les radiaban los vehículos.
IRREGULARIDAD
Según dos fuentes policiales, Godoy habría tenido como metodología, frente a las infracciones por las que los cauceteros habían sido multados, ofrecer “ahorrarles” el trabajo de ir al banco o tener que viajar los 20 kilómetros que hay hasta la Ciudad de San Juan a pagar la multa.
A cambio, él mismo ofrecía recibirles, en mano, el monto de dinero para resolver la situación.
Esto es ilegal, ya que bajo ningún concepto un empleado judicial puede recibir dinero por una infracción o por algún tipo de trámite, sino que siempre el ciudadano debe ir al Banco San Juan a realizar el depósito y llevar el ticket al juzgado que corresponda.
Según los vecinos y fuentes policiales, una vez que recibía el dinero, Godoy no habría dado ningún tipo de comprobante, sino que entregaba el oficio que el juzgado debe darle al infractor para que vaya a la policía y retire el vehículo y la documentación secuestrada.
Policías de dos divisiones cauceteras dicen que esos oficios que Godoy entregaba serían escaneados del original y tendrían la firma de la jueza Bustos.
Un dato para tener en cuenta es que, en lo que va del año, la policía comunal de Caucete confirmó que ha realizado casi 1.000 multas en operativos de tránsito que se llevan a cabo en forma periódica en la zona.
En Caucete dicen que es fácil constatar la situación: contraponiendo la cantidad de infracciones que hizo la policía con el dinero ingresado a Rentas de la provincia por esas multas, de allí se desprenderá si ingresó o no todo lo que debía recaudar la provincia o si el dinero se desvió en el juzgado de Paz de Caucete.
La policía confirmó que, a modo de archivo, guardan fotocopias de esos oficios que recibían de manos de los multados a la hora de restituir los vehículos.
Eso permitirá peritar los oficios y las firmas, para ver si es o no la de la jueza Bustos.

¿DERIVÓ A SU INMOBILIARIA?
A pesar de la gravedad, esta no sería la única irregularidad cometida por ese empleado Godoy: su inmobiliaria no quedaría afuera del tramado de esta historia.
Según relataron los vecinos y fuentes policiales, el hombre citaba a las oficinas de su inmobiliaria a quienes se les había radiado el vehículo durante los fines de semana.
Generalmente eso habría ocurrido durante las noches de los viernes y sábados. Las fuentes dicen que Godoy, en su negocio particular, ofrecía solucionar más “velozmente” las multas realizadas durante la noche y recuperar con rapidez los rodados que estaban en poder de la policía.
Según las fuentes, en su inmobiliaria el empleado operaba igual que en el juzgado: cobraba el dinero de la multa y entregaba el oficio para que el infractor pudiera retirar el vehículo y la documentación.

SILENCIO
Tiempo de San Juan consultó a Godoy sobre la derivación a su inmobiliaria de los infractores: “Sí, yo tengo una inmobiliaria, pero no tiene nada que ver con el juzgado. La inmobiliaria es una cosa, y el juzgado es otra”, se limito a responder.
Consultada por este medio, la jueza Bustos tampoco quiso realizar declaraciones de ningún tipo.
El sargento retirado Hugo Navarro, el único imputado hasta el momento, tampoco quiso salir de su casa cuando éste medio quiso conocer su versión. El hombre estuvo detenido y posteriormente fue liberado, pero durante la visita al juzgado se confirmó que ya no estaba realizando las tareas que habitualmente hacía en el juzgado (no se sabe en calidad de qué).
Su mujer salió a dar la cara y también salpicó a Godoy: “Mirá la cara que te hago y sacá tus propias conclusiones”, dijo, tirando un manto de sospecha sobre el empleado judicial.

LA SECRETARIA SE QUEBRÓ
Tampoco quiso hablar públicamente Mariana Arce Acosta, la Secretaria del Juzgado de Paz. Esta  funcionaria fue quien declaró en el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de Benito Ortiz, y su testimonio fue clave en la investigación judicial.
Fuentes oficiales confirmaron que Arce arrancó su relato tratando de proteger a la jueza Bustos. Ante las pruebas, se quebró y dio datos reveladores sobre el funcionamiento del juzgado que comprometerían a la magistrada como máxima responsable.
Para proteger la investigación judicial, no dejaron trascender con precisión qué dijo Arce para involucrar a la jueza, pero sí aseguraron que la compromete.
Incluso, para protegerla después de su confesión, era muy posible que Arce fuera trasladada de ese juzgado de Paz a otra repartición del Poder Judicial.
En medio de las idas y vueltas, el miércoles último, una semana después que se destapara el escándalo, la jueza Bustos fue a la Seccional Novena y denunció que le robaron sellos oficiales y desaparecieron expedientes de su oficina, justo en medio de una escándalo en el que su juzgado está investigado por coima.