Su hijo de 10 años sin insulina y ella, se tuvo que ir de su casa con una mochila con menos de lo básico. A B.G no le quedó otra opción luego de ser amenazada por quien fuera su pareja durante casi 20 años. Sin nada de dinero, salió del barrio UTA buscando ayuda. Se quedó en el refugio que tiene Amas de Casa. Al mismo tiempo, judicializó años de maltrato. Cuando finalmente pudieron sacar al agresor de la vivienda, pasó lo inesperado: su suegra se quedó en la casa, dificultando la convivencia con sus hijos y con el temor permanente de que el hombre del que pudo separarse vaya de visita.
Luego de una discusión acalorada, el marido de B.G la echó del techo que ambos compartían con sus hijos. La mujer agarró al niño más chico y se fue. Las amenazas de muerte y la violencia psicológica la socavaron hasta dejarla al borde del abismo. Sin nada de plata, decidió pedir ayuda en Amas de Casa. Allí fue asesorada legalmente y decidió radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Una abogada tomó su caso, que incluyó una orden de desalojo para su ex pareja.
Tras pasar más de un mes en el refugio, con una tristeza profunda porque su hija mayor –de 17 años- se quedó con el denunciado, B.G recibió el 9 de diciembre la notificación de la orden de desalojo. Para efectivizar la mudanza a su casa, tenía que recurrir a la Policía porque así le hicieron saber desde la subcomisaría Ansilta.
La primera vez que pidió ser escoltada, desde la seccional le dijeron que iba a tener que posponer la mudanza porque no había móviles disponibles. En el medio de la espera, supo por testigos, que su marido se había llevado varios de los muebles de la casa. A eso se le sumó un problema más: su suegra, quien formó parte del grupo familiar a la hora de obtener la vivienda del IPV en la que reside, se cambió de domicilio y se mudó a la residencia en la que pensaba vivir con sus hijos.
“Cuando llegué a mi casa, mi ex suegra estaba adentro. Ella tiene un arma, encima lo defiende al hijo. La policía me dijo que debía atenderla, que estaba en el grupo familiar. Ella tiene dos jubilaciones, puede alquilarse una casa. Mientras yo estuve en el refugio, ella se hizo un DNI nuevo con la dirección de mi casa, antes no vivió con nosotros”, relató la mujer.
La denunciante fue a Control de Gestión porque no se sintió amparada por los uniformados. “Fueron muy machistas, en la subcomisaría siempre pusieron en duda mi relato. Me sentí maltratada”, agregó B.G.
Como la convivencia iba a ser otro padecer y por recomendación de sus asesoras legales, no volvió a la vivienda del barrio UTA. La madre del agresor se fue, pero no sin llevarse la hija mayor del matrimonio, quien vivió años de maltrato y se encuentra actualmente lidiando con las consecuencias de la violencia que vio cotidianamente en su hogar. Además de no tener a su hija, a B.G le preocupa que la anciana está autorizada a volver cuando quiera a la vivienda, hasta que la Justicia no resuelva.
“Quiero cambiar mi vida, por primera vez me siento con fortaleza para dejar atrás tantos años de acoso, maltrato y dolor. Quiero pensar que la Justicia me va a dejar ser feliz por primera vez”, cerró.
