El caso tomó estado público el 14 de junio de 2013, cuando el proveedor del Estado, Luis Guerra, pagó una coima (con billetes marcados) de 10.000 pesos a dos funcionarios provinciales para verse favorecido en un contrato por la fumigación del Penal de Chimbas.
Procesaron a dos funcionarios provinciales por coimeros
Lo dictaminó el juez Pablo Flores. El Gobierno, que preparó un operativo clave para atraparlos infraganti, los había licenciado.
Los mecanismos de control del ministerio de Gobierno actuaron rápido y ajustados ante la denuncia del empresario, y prepararon la trampa en la que cayeron Carlos Correa, Delegado Fiscal; y de la contadora Mariela Fernández Achem.
La causa se dilató un poco cuando el abogado defensor de Achem acusó de "informante oculto” a Correa, una figura que, según el letrado, echaría por tierra la prueba conseguida ya que no se permitiría en casos como estos.
A pesar de eso, el juez Pablo Flores siguió investigando y ahora determinó el procesamiento de los dos funcionarios infieles, que hasta ahora estaban licenciados con goce de haberes.
Se especula que, tras la determinación de Flores, perderán el derecho a percibir el salario.
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