La situación de la obra social de las fuerzas armadas y de seguridad en todo el país y en San Juan llegó a un punto crítico, transformándose en lo que los propios afectados definen como un verdadero calvario para los 7.000 afiliados residentes en la provincia. El escenario, marcado por el cese de prestaciones y una incertidumbre administrativa asfixiante, se inserta en un proceso de disolución de la antigua IOSFA para dar paso a la nueva OSFA, un cambio que, lejos de traer soluciones, profundizó el desamparo de los beneficiarios. Según Marcelo Pereyra Cuevas, suboficial principal retirado de la Armada y vocero de la asociación de suboficiales retirados en la provincia que está en plena formación, la realidad es que hoy los afiliados están sin cobertura porque el sistema actual es una "fantochada".
IOSFA, la disuelta obra social de militares: un calvario para 7.000 afiliados en San Juan
Marcelo Pereyra Cuevas, referente de los uniformados retirados locales, relata la desesperante situación de miles de afiliados que enfrentan cirugías suspendidas y falta de insumos básicos en un sistema quebrado y que terminó en un limbo.
El relato de Pereyra Cuevas es el de un paciente oncológico que, a pesar de realizar aportes mensuales que hoy rondan los 270.000 pesos por su grupo familiar, encuentra sistemáticamente las puertas cerradas en el sistema de salud. El referente explica que cualquier intervención o necesidad médica que tenga está "vedada". Esta situación se repite en toda la provincia, donde las prestaciones en clínicas de renombre como el CIMAC o el Hospital Privado están prácticamente cortadas, y especialidades fundamentales como odontología y traumatología no tienen cobertura debido a que la obra social solo acepta convenios que los colegios profesionales rechazan por los bajos costos y la falta de pago. Pereyra Cuevas habló con TIEMPO DE SAN JUAN de la vulnerabilidad de sus camaradas al afirmar que "antes todo estaba bien hasta que llega Milei" y añadió que la gestión actual se caracteriza por la mala administración de fondos.
Uno de los casos más dramáticos que ilustran este abandono en San Juan es el de Carlos Velázquez, un suboficial del Ejército que padecía cáncer detrás del ojo. Ante la interrupción de las prestaciones y el dolor insoportable que no encontraba alivio en ninguna institución, Velázquez tomó la trágica decisión de intentar quitarse la vida. Pereyra Cuevas destaca que, si bien el jefe de la delegación local intentó ayudar, las decisiones dependen enteramente de Buenos Aires, dejando a los afiliados a merced de la "suerte de contactos" o de la capacidad de ahorro personal para pagar cirugías de cientos de millones de pesos. En sus propias palabras, la alternativa hoy es "morirse", ya que los reintegros por pagos particulares tardan entre cuatro y seis meses en hacerse efectivos, si es que ocurren.
El colapso en San Juan es el reflejo de una crisis nacional donde la deuda de la obra social asciende a los 300.000 millones de pesos, con un déficit mensual de 15.000 millones generado por el aumento desmedido de los medicamentos y aportes salariales que han quedado rezagados, dado que gran parte del personal militar se encuentra bajo la línea de pobreza, según precisaron medios nacionales. Ante este panorama, el Gobierno Nacional, mediante el DNU 88/2026, dispuso la liquidación de IOSFA y la creación de la OSFA para militares y la OSFFESEG para fuerzas de seguridad. Sin embargo, el periodo de transición de 365 días establecido en la normativa no ha garantizado, en la práctica, la continuidad de la asistencia médica.
Según publicó Ámbito, una auditoría interna en IOSFA expone el endeudamiento durante la gestión del ahora senador nacional Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa: en un año pasó de $44.000 millones a $210.000 millones.
Lo que los afiliados de San Juan buscan con urgencia es el cumplimiento inmediato del artículo del decreto presidencial que garantiza que, durante el traspaso, no se interrumpirá la cobertura médico-asistencial. Exigen que se normalicen los pagos a los prestadores locales para recuperar la atención en clínicas y farmacias, denunciando que actualmente ni siquiera se cubren cirugías de alta complejidad a menos que el paciente disponga del dinero por adelantado.
Ante la falta de respuestas, Pereyra Cuevas aseguró que intentó radicar denuncias por abandono de persona en la justicia federal y en una UFI, pero aseguró que se encontró con un muro burocrático donde las autoridades se "lavan las manos", rechazando tomar la denuncia bajo argumentos de competencia territorial.
En nombre de la comunidad militar sanjuanina, Pereyra advirtió que no les corresponde ser derivados al hospital público, porque considera que estaría quitándole un recurso a quienes no tienen obra social, mientras los afiliados a IOSFA siguen sufriendo descuentos compulsivos por un servicio que no reciben.
En las redes sociales hay varios grupos de afiliados creados durante la crisis de esta obra social, que cuenta con unos 600.000 afiliados en todo el país, una cifra muy cercana a toda la población de San Juan. Los grupos tienen elocuentes nombres como "Afiliados victimas de IOSFA" o "Abandonados por IOSFA", y los participantes comparten allí sus desesperantes casos y numerosas quejas.
Un caso de vida o muerte
Un caso de los miles que se repiten en el país actualmente y que muestran lo caótico de la situación de IOSFA es el de un gendarme de 84 años cuya vida corre peligro porque se le presentaron en los últimos meses dos situaciones complejas de salud: una, la del recambio necesario de su marcapasos, la otra, una obstrucción urinaria. La primera se preveía porque vence la batería del aparato y se inició el trámite en IOSFA con tiempo, pero al no tener convenio con el cardiólogo de cabecera, el paciente aceptó pagar las costosas consultas y estudios de su bolsillo. Al momento de la cirugía desde la obra social, con sede en Avenida Córdoba casi Tucumán, les dijeron a los familiares que no cubre, salvo que el médico opere por intermedio del Colegio Médico, pero el profesional no es de esa entidad. También le respondieron que anestesia no cubre nada, y que se debía hacer todo mediante Colegio Médico. Sí reconocieron el costo del aparato. El presupuesto pagando particular ronda los 6 millones de pesos.
Para empeorar la situación, se presentó en simultáneo una urgencia urológica, la familia pasó por varios profesionales con diferentes tratamientos y diferentes prácticas, lo que implicó importantes desembolsos hasta que se descubrió la necesidad de una cirugía para destrabar la vía urinaria. El mismo camino que con la operación del marcapasos: buscar un profesional que facture mediante Colegio Médico. La familia encontró uno que dijo que lo aceptaba y avanzó con todos los trámites que se apuraron a enviar el miércoles antes de Semana Santa. pese a la urgencia, no recibieron respuesta durante todo el fin de semana largo. Al volver de los feriados, al presentar los papeles personalmente, en la obra social pidieron que se integren los honorarios del médico al presupuesto del Hospital Privado y el profesional no vio conveniente cobrar en unos tres meses. A esto se suma la falta de certezas de los mismos empleados de la sede de IOSFA San Juan que manejan información contradictoria y la transmiten de esa manera a los afiliados.
Así, todo quedó trabado, con varios millones de pesos multiplicados por dos, que el octogenario no puede pagar.
Así, el retirado de Gendarmería que abona hace décadas en tiempo y forma su obra social, que casi nunca la usó en sus numerosos años como afiliado, y que ahora la necesita para un caso de vida o muerte, todavía no logra operarse ni del corazón ni de las vías urinarias y sigue junto a sus hijas peregrinando y lidiando con la burocracia. El anciano, mientras sangra y sufre dolores atroces al orinar piensa que en dos meses se le acaba la pila a su corazón de metal. Y que los que manejan IOSFA carecen de corazón directamente.