En San Juan, el IPV tras los "pícaros": investiga 400 casas deshabitadas y avanza con 40 revocaciones

La funcionaria destacó que diseñaron un equipo específico y un curso de seguimiento para que estos expedientes no se pierdan en la burocracia, logrando hasta el momento avanzar sobre un centenar de casos. De ese total, unas 40 viviendas ya han sido revocadas en primera instancia, lo que significa el inicio de un proceso legal para que el Estado recupere el bien y pueda entregarlo a una familia que realmente lo necesite.

El proceso de recuperación actual se enfrenta a diversas estrategias que utilizan algunos adjudicatarios para evitar perder la propiedad. Peralta detalló que existen situaciones donde las personas realizan pequeñas ampliaciones o mantienen la casa amoblada e incluso sacan fotografías para simular que viven allí, pero al contrastar estos datos con los registros de servicios, se encuentran con que "el medidor tiene cero consumo". Esta incongruencia es una de las pruebas clave que utiliza el instituto para avanzar en las denuncias, aunque el trámite suele volverse tedioso debido al derecho de defensa que tienen las familias para presentar sus descargos.

Ante este escenario, la directora del IPV subrayó, en diálogo con Radio Sarmiento, la necesidad imperiosa de contar con una ley provincial que agilice los plazos judiciales. Actualmente, el sistema judicial impone frenos que dilatan la resolución definitiva de las causas, limitando la capacidad del organismo para disponer de las unidades. Peralta señaló que es fundamental que los legisladores se involucren para generar herramientas que permitan terminar con estas picardías y agilizar el traspaso de viviendas recuperadas hacia los sorteos públicos, evitando que las casas permanezcan cerradas mientras hay casi 100.000 sanjuaninos esperando una oportunidad.

La mitad no paga la cuota

La sostenibilidad del esquema de vivienda social en la provincia depende hoy más que nunca del compromiso de los adjudicatarios. "El sistema del IPV es un sistema solidario y ya no depende de fondos nacionales", destacó Peralta, quien recordó que ante la desaparición de la Secretaría de Vivienda de la Nación, la provincia debe autofinanciarse. En este sentido, la funcionaria lamentó que actualmente exista un 50% de morosidad en el pago de las cuotas, una cifra alarmante que impide reinvertir ese dinero en la construcción de nuevos barrios para quienes siguen en lista de espera.

Para combatir esta situación, el instituto empezó una campaña de intimaciones más rigurosa, haciendo hincapié en que tanto la falta de ocupación como la falta de pago son causales legales de revocación.

La directora remarcó que se está poniendo el foco en familias que, según el cruce de datos, tienen ingresos suficientes para cumplir con la cuota pero no lo hacen.

La premisa de la gestión actual es que el IPV debe funcionar como una cadena de favores donde el pago de quien ya tiene su hogar financie el sueño de la próxima familia, garantizando que cada recurso provincial sea utilizado con justicia y transparencia.