Con una frase que buscó ser lapidaria —“la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”— el vocero presidencial Manuel Adorni, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó lo que era un secreto a voces: el Gobierno nacional disolverá Vialidad Nacional, el organismo encargado del mantenimiento de rutas en todo el país. El decreto se publicará este mismo lunes a la noche, en el último día de vigencia de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso.
El anuncio tuvo un inmediato y fuerte impacto en San Juan, donde 218 trabajadores quedarían en una situación de vulnerabilidad laboral, según advirtió Jorge Pérez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales. De ellos, solo 65 tienen planta permanente, mientras que el resto están bajo contratos de renovación periódica.
La crónica del final de Vialidad comenzó a escribirse meses atrás. Según relató Pérez, a principios de este año el administrador nacional Marcelo Campoy anunció una reducción del 30% de la planta, argumentando un supuesto exceso de empleados administrativos. Desde entonces, comenzaron a desmantelar el servicio: primero recortes en las guardias, luego suspensión del servicio de limpieza y un progresivo vaciamiento institucional. “Todo apunta a que quede una oficina con un director”, resumió el dirigente gremial.
Los trabajadores viales se presentarán el próximo martes a cumplir funciones como lo hacen habitualmente, a la espera de una comunicación formal del director de Vialidad Nacional en San Juan, Enrique Manni. “Se mantendrá el personal en su cargo hasta tanto se adecuen a las estructuras organizativas”, aclaró Pérez.
Una de las mayores preocupaciones gira en torno al futuro laboral del personal de planta. Si no son reasignados a otra dependencia, podrían pasar a la figura de “libre disponibilidad”, un limbo burocrático en el que se percibe un sueldo inferior durante un año y, si no hay reubicación, se pierde definitivamente el empleo en el Estado.
Hasta ahora, no hubo contacto con Manni, ni se emitió un comunicado oficial sobre cómo se implementará la reestructuración localmente.
En el nuevo diseño estatal, el Gobierno dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se transforme en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que será la encargada de fiscalizar las rutas concesionadas. En San Juan, quien ocupa ese cargo es Rogelio Cerdera, dirigente de origen peronista, que por ahora seguirá siendo la autoridad de control vial hasta que se defina la nueva estructura. El hombre es el esposa de la diputada provincial Marisa López, la exministra de Hacienda de Sergio Uñac.
Además de Vialidad, también serán disueltas la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en San Juan, el diputado nacional José Peluc, no emitió una opinión. Sin embargo, meses antes, en comunicación con Diario Huarpe, afirmó que Vialidad Nacional: "Es la muestra del Estado al que nos referimos que no va más y que se debe achicar. Con esto no quiero decir que la gente se quedará sin trabajo, pero si deberán ser absorbidos en otras áreas nacionales por la inactividad que tiene la oficina".
