Otra vez la Corte Suprema de Justicia metió la cola en un asunto estrictamente político.
La Corte Suprema sentó a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura
Con un fallo, anuló la decisión del Frente de Todos de dividir su bloque en el Senado, en virtud de lo cual, como primera minoría, el sector kirchnerista accedió a un sillón en el Consejo de la Magistratura, que ocupó el Senador Martín Doñate.
Si el bloque del FdT no se hubiera partido, esa silla hubiera sido ocupada por el senador cordobés del PRO, Luis Juez.
Ahora, con la decisión del máximo tribunal de Justicia, Juez finalmente se hará con el lugar por el que reclamó a viva voz.
Hay que decir que el conflicto tiene su génesis en otro fallo político de la Corte, violando la división de poderes.
El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal estableció que la conformación del Consejo de la Magistratura que funcionaba desde el 2006 era inconstitucional. Según esta opinión, todos los jueces nombrados, escrutados, sancionados, durante 15 años, lo hicieron fuera del marco constitucional.
Para solucionar el tema puso en vigencia una ley que el Parlamento había derogado en 2006. Cuando una ley se deroga no queda latente, en suspenso, sino que ya no existe. De esta forma, hoy el Consejo de la Magistratura funciona por una ley que no existe.
Todo esto terminó con el mismo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, poniéndose él mismo al frente del Consejo.
Según el fallo reciente, “la división referida no obedece a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”, un comentario más propio de un analista político que de un funcionario de la Justicia.
Los cortesanos aprovecharon la instancia para mandarle un mensaje a Cristina Kirchner: “El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura”.
Horrorizados por “la maniobra reseñada” que “quiebra, además, las reglas más básicas del debido proceso legislativo (…) este Tribunal no puede dictar sus sentencias a espaldas de esa maniobra”, aclararon Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.